Como dejando constancia inequívoca de las asignaturas pendientes del sexenio que termina, varias organizaciones de base de Chihuahua intensificaron sus manifestaciones la semana pasada: colectivos de buscadoras, comunidades indígenas y serranas, luchadores ambientalistas...

El Día Internacional de las Desapariciones Forzadas varios colectivos de buscadores se manifestaron en Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y Parral. En la capital celebraron una misa y marcharon hasta el palacio de gobierno. Al terminar el mitin varias personas pretendieron hacer uso de los baños públicos del edificio, pero la guardia les dio literalmente con la puerta en las narices. Indignadas, las personas buscadoras tapizaron de pegas con pesquisas de sus seres queridos las paredes y las puertas del palacio.

¿Dónde están? Se siguen preguntando muchas familias chihuahuenses que desde los años 60 hasta nuestros días han sufrido las diversas guerras sucias: de las desapariciones de jóvenes por la contrainsurgencia y los vuelos de la muerte de los años 70, hasta la nueva oleada de desaparecidos por la guerra calderoniana contra el narco, que tuvo su clímax en 2011 y 2016 y ahora repunta.

En Chihuahua el número de personas desaparecidas en mayo de 2022 era de 3 mil 493; en mayo de 2023, 3 mil 544 y en mayo de 2024, 3 mil 710. Este último año la desaparición de mujeres y niñas se ha incrementado 12 por ciento.

Las personas buscadoras en Chihuahua demandan: coordinación efectiva de todos los niveles de gobierno para la continua y mejor elaboración de datos genéticos, registro público de fosas y actualización del número de desaparecidos. Al gobierno del estado le exigen más recursos para la búsqueda real de ellos, vinculación con los semefos de estados cercanos, a la fiscalía del estado, investigaciones eficaces y diligentes, más recursos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En general, demandan una atención digna, que se les escuche y garanticen los derechos humanos de las familias de los desaparecidos.

El 27 de agosto, en carta abierta dirigida al Presidente de la República, a la gobernadora del estado y a diversas autoridades federales y estatales, el obispo de la Tarahumara, activistas y pastores de la sierra demandaron protección para las comunidades de Cinco Llagas, Las Casas, El Cajoncito y Pie de la Cuesta, municipio de Guadalupe y Calvo, ante los ataques armados de grupos delincuenciales que han causado el desplazamiento forzado de 300 personas de la comunidad Las Casas, mismas que el Ejército acomodó en el domo de la escuela de Cinco Llagas.

Pero, aun aquí las familias indígenas son amenazadas por los gatilleros, quienes ya ultimaron a una persona, cuyo cuerpo no se ha podido recoger. La inseguridad alimentaria que prevalece en la región agrava la situación, pues los maleantes impiden que la gente se traslade al poblado de Baborigame a adquirir sus alimentos y amenazan a los operadores de las tiendas móviles de Diconsa.

Las comunidades demandan mayor presencia de las fuerzas armadas ante el abrumador número de los delincuentes. Piden se apoye a las familias que quieren permanecer en sus poblaciones y se ayude al traslado a quienes tienen que desplazarse. Exigen también que se proteja a las tiendas móviles de Diconsa o se establezca una en Santa Tulita donde puedan comprar sus alimentos básicos (https://bit.ly/4cXMJR0).

La severa sequía que sufre Chihuahua remite a la devastación de los bosques de la sierra . El colectivo Agua y Bosques para la Tarahumara presentó un documental el viernes pasado y publicó un llamado urgente a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. Señalan que la inveterada tala ilegal en ese macizo boscoso se recrudeció significativamente los últimos seis años por la presión y acción del crimen organizado.

La deforestación es el principal factor de aceleración del cambio climático en las cuencas hídricas que nacen en esta sierra: los ríos Yaqui, Mayo, Fuerte, además del Conchos, principal afluente del río Bravo en México. Afecta los ciclos del oxígeno, del carbono, del agua, la vida silvestre y provoca inseguridad alimentaria, pobreza y desplazamiento de las comunidades serrranas. Sin embargo, la impunidad persiste desde el corte hasta el transporte y la venta de madera ante la ineficacia de las autoridades de todos los niveles.

Este colectivo y la Red Todos los Derechos para Todos llaman con urgencia a garantizar la seguridad de las comunidades cuidadoras del bosque, a que las políticas públicas, den prioridad a la sierra Tarahumara como proveeedora de agua y de sus funciones ecosistémicas, se impulse la restauración de bosques y suelos de las cuencas altas con participación de los pueblos indígenas y que las autoridades junto con ellos, los ejidos forestales y diversos sectores sociales construyan una estrategia conjunta, desde abajo, para la construcción de la paz y la restauración del tejido social (https://bit.ly/3Z94HNa).

Desaparecidos, comunidades desplazadas, terror social, devastación de la naturaleza: heridas que no pueden ocultarse este final del sexenio. El denominador común: la presencia ominosa y actuante de las organizaciones criminales. Así en Chihuahua como en Pantelhó u Ostula. La atención a los llamados no atendidos de estos grupos y comunidades descuidados debe ser prioridad para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación.