Ciudad de México. El sector privado del país pidió a las autoridades solucionar los bloqueos carreteros en el Arco Norte y la autopista México-Cuernavaca, pues estos hechos ocurridos el miércoles causaron afectaciones a la ciudadanía en general y al sector secundario, en particular, al transporte de carga.
Después de que habitantes de Tepoztlán bloquearon el miércoles ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca y el tramo carretero de La Pera-Cuernavaca, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) expresó “su profunda preocupación”.
El organismo también “rechazó” la interrupción por más de 48 horas del tránsito en el kilómetro 146 del libramiento Norte de la Ciudad de México, tramo Pachuca-Tulancingo, por parte de ejidatarios.
La Concamin consideró que estas acciones representan “una grave amenaza para la estabilidad económica, la seguridad de las personas y el libre tránsito de bienes y servicios”.
“Estos bloqueos no solo vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos y los trabajadores del transporte, sino que también representan una clara violación al Estado de derecho y al marco legal establecido por la Ley de Vías Generales de Comunicación”, dijo el organismo del sector privado.
La Concamin comentó que estos bloqueos han causado pérdidas económicas, aunque no ofreció una estimación del impacto monetario.
No obstante, subrayó que las manifestaciones de los habitantes de las dos zonas causan riesgo para los operadores del transporte, además de interrumpir la movilización de las mercancías.
“La incertidumbre provocada por estos bloqueos es insostenible para la industria, el sector del autotransporte de carga y la ciudadanía en general”, dijo.
Por separado, Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), consideró, a través de su cuenta de la red social X, que el bloqueo en el Arco Norte o Libramiento Norte de la Ciudad de México es “insostenible para la ciudadanía y el autotranporte de carga”.
El organismo hizo un llamado “para encontrar de forma definitiva y en los mejores términos una solución al problema y se cumpla con el Estado de derecho para todas y todos los mexicanos en el estricto apego a la ley y los derechos humanos de todas las personas involucradas, así como las que se ven afectadas por acciones unilaterales que no abonan al crecimiento y desarrollo de México”.