Ciudad de México. La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), Serapaz, entre otras organizaciones, manifestaron su preocupación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las “persistentes irregularidades” en el proceso judicial que enfrenta la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, Michoacán, con el que se pretende arrebatarle 2 mil 760 hectáreas de su territorio.
Presentaron cartas de respaldo en favor de Ostula en la SCJN, en las que denunciaron las “inconsistencias” que han sido señaladas por la comunidad indígena que desde 2023 emitió el amparo directo 463/2023 para el reconocimiento de la titularidad de sus tierras ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del décimo primer circuito de Morelia.
Indicaron que la Corte es la última instancia a la que Ostula puede acudir para resolver el conflicto agrario que permanece desde hace 20 años. “El sistema judicial ha emitido resoluciones desfavorables hacia la comunidad, dando la pauta para que los ‘pequeños propietarios’ tengan la posibilidad de despojar de su territorio a sus dueños ancestrales”, sostuvieron.
En las misivas insistieron en que han identificado “múltiples violaciones al debido proceso”, en particular, “la negativa (a la comunidad) a contar con su propio perito y el incumplimiento de términos legales”.
Igualmente, la "indebida notificación a las partes”, lo que afecta la capacidad de defensa de Ostula, “así como el incorrecto estudio y evaluación de pruebas que incluyen títulos, trabajos técnicos, resoluciones del caso, planos y actas, que no fueron correctamente valoradas”.
Las organizaciones exhortaron a los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en Morelia, y a la SCJN a que impartan justicia “y que se reparen las graves violaciones cometidas en contra de la comunidad”.
La pérdida de tierras, expusieron, “tendría un impacto devastador en la comunidad, afectando su sustento económico, sus prácticas culturales y su cohesión social y más preocupante, sentaría un precedente de despojo avalado a favor de pequeños propietarios”.
