Tratando de entender la reacción desquiciada, enloquecida de la oposición ante los resultados obtenidos por la coalición de los partidos Morena, del Trabajo y Verde el 2 de junio, salta a la vista que han perdido la pequeñísima cordura que pudieron tener, y no reconocen que se lanzaron como aventureros y por lo mismo incapaces de dar soluciones. Eso explica que planteen, sin el menor rubor, que ha sido “un golpe de Estado”, que fue “un robo”, que “hubo fraude”.
Y lo más burdo es el cuento de la sobrerrepresentación, al decir que “antes se hizo de acuerdo con las leyes, pero fue un error” (Lorenzo, dixit), por tanto, es ilegal que ahora se repartan de acuerdo a la ley”. ¡Qué sandez! De acuerdo, se les propinó una verdadera paliza, y eso duele en el alma, pero lo realmente peligroso es que soliciten la intromisión de gobiernos extranjeros. Por eso Ken Salazar, embajador de Estados Unidos salió a la palestra y se atrevió a señalar que “la reforma judicial” propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “podría poner en riesgo la democracia mexicana y también la integración económica de Norteamérica” y por ahí se fue también el embajador de Canadá, Graeme Clark.
Esto le da más sentido a la extraordinaria respuesta por la elección pasada en la que Claudia Sheinbaum no sólo será la primera presidenta de México, sino que el paquete de reformas que se va a poner en marcha apunta hacia la consolidación de un nuevo proyecto de país que, de alcanzarse, dará lugar a un cambio de régimen.
Un área fundamental es la de promover el bienestar humano, para lo cual el Estado tendrá que ir recuperando las dinámicas que el neoliberalismo prácticamente le dinamitó: seguir ampliando las políticas sociales, que ya se iniciaron y con gran resultado al abatirse la pobreza en 5 millones de personas; apoyo a los trabajadores, lo que quiere decir, eliminar la nefasta reforma laboral de los años 2012 que los precarizó con la aplicación de procesos de flexibilización y desregulación, con la ley de libre despido, por los contratos laborales que rompieron la estabilidad en el empleo; las pensiones de 100 por ciento que se redujeron a 40 por ciento para 45 millones de trabajadores; hay que reconocer que en este sexenio finalmente se eliminó el outsourcing que hacía legal lo ilegal (como dice Manuel Fuentes).
Hay que buscar, por todos los medios, recuperar la responsabilidad solidaria y que se hagan realidad las 40 horas de trabajo, entre otras políticas. Hay que recordar que la política laboral del neoliberalismo fue claramente la ofensiva contra el trabajo.
No es extraño que se hayan manifestado en contra nada menos que el Consejo de Empresas Globales que representan 60 compañías multinacionales en México, y emitieron un comunicado señalando “su preocupación ante el riesgo para la inversión que puede suponer el proyecto de reforma judicial de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum”. Otros empresarios, inversionistas y calificadoras, como Morgan Stanley, degradó la calificación de México y disminuyó las recomendaciones, y Fitch Ratings, si bien mantiene la calificación, señala que las reformas de México afectarían negativamente el perfil del país; otros señalaron que “minaría las conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el T-MEC en 2026, y convenios internacionales como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico”.
Estos señalamientos muestran que los que se oponen a la posibilidad de los cambios en las relaciones económicas, son los que se han visto favorecidos, entre ellos las multinacionales, justamente, el corazón del modelo neoliberal. Por eso, para construir un nuevo proyecto nacional y superar el neoliberalismo, hay que revisar las condiciones pactadas en los tratados.
El investigador Manuel Pérez Rocha (La Jornada, 20/5/24) analiza puntualmente los conflictos devenidos por estos tratados de libre comercio. Sobre todo hace hincapié en el “poder trasnacional debido al régimen de protección de inversiones”. Señala que todas las demandas parten de los tratados internacionales de inversiones y pasan a los tribunales arbitrales internacionales y estados (ISDS, por sus siglas en inglés).
Destaca que México es parte de 31 tratados bilaterales de inversión (TBI) y 11 tratados de libre comercio (TLC). Con 53 demandas contra, México es el cuarto país más demandado del mundo (tras Venezuela, Argentina y España). Ha perdido 11 casos y ha sido obligado a pagar 296 millones de dólares. Más aún: hay 23 demandas pendientes, mediante las cuales inversionistas exigen la estrafalaria suma de al menos 13 mil 323 millones de dólares. Por todo ello, resalta, la revisión del T-MEC para 2026 debe ser la ocasión para desmontar por completo el sistema ISDS, nos plantea Pérez Rocha.
Es claro que la derecha quiere seguir con un país amarrado al neoliberalismo porque se vio extraordinariamente favorecida, pero a costa de la desigualdad de las mayorías del país, mismas que mostraron con total contundencia el 2 de junio que hay que revertir ese camino. No será un camino ni fácil ni sin problemas, pero la decisión está hecha.
