La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles los "abusos en el uso de la fuerza" durante el estado de excepción en El Salvador y pidió al gobierno del presidente Nayib Bukele que lo derogue porque "no puede convertirse en parte de su política de seguridad" permanente.

Al menos "73 mil personas fueron detenidas desde el 27 de marzo de 2022 al inicio de noviembre de 2023, de las cuales a la gran mayoría se le impuso prisión preventiva", afirma la CIDH al publicar un informe sobre el país latinoamericano.

"La Comisión conoció denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluyen: detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas; el allanamiento ilegal de moradas; abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes", añade.

El organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cita algunos atropellos como "la demora en el control judicial de las detenciones", los "abusos en la imposición de la prisión preventiva", las "audiencias judiciales masivas" y las limitaciones al derecho de defensa, entre otros.

Además afirma disponer de información "que apunta a la posible muerte de 189 a 200 personas privadas de libertad".

El gobierno de Bukele reaccionó diciendo que "el informe destaca que el régimen de excepción ha sido una medida esencial" para proteger a los salvadoreños, pero afirmó que tiene "problemas metodológicos" y "falta de transparencia en su elaboración".

En el poder desde 2019, Bukele libra una "guerra" contra las pandillas bajo un régimen de excepción vigente desde 2022 -decretado con apoyo del Congreso en respuesta a una escalada de violencia en el país- y que suma decenas de miles de presuntos pandilleros detenidos.

La CIDH afirma que los datos publicados por el Estado sobre una "mejora en la seguridad ciudadana en el país (...) demostrarían que la situación de emergencia fue superada y que, por lo tanto, no existe una situación que justifique mantener vigente la suspensión de derechos y garantías".

Por eso el informe llama a El Salvador a "restablecer los derechos" y "adoptar medidas para abordar las causas y consecuencias de la criminalidad" desde "una perspectiva integral".

La CIDH indicó que "este mecanismo excepcional no puede convertirse en parte de su política de seguridad ciudadana permanente".

El comisionado presidencial de Derechos Humanos de El Salvador, Andrés Guzmán, dijo en un comunicado que el país "analizará" las recomendaciones del informe y que "cualquier posible violación a los derechos humanos" es y "seguirá siendo gestionada a través de los mecanismos institucionales [fiscalía y tribunales]".

Además, Guzmán afirmó que tanto la CIDH como la ONG Cristosal, "una de las principales fuentes del informe, reciben financiación de las mismas entidades", lo que "plantea un claro conflicto de interés que socava la credibilidad de la Comisión".