Morelia, Mich. Las comunidades mazahuas de Donaciano Ojeda, y Crescencio Morales, así como los pueblos purépechas de San Francisco Peribán, Santiago Azajo, Tarecuato y Cherán -que cuentan con autogobierno- recibieron armamento luego de concluir los exámenes de control y confianza que impartió la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, así como el registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
Al igual que otras 35 comunidades originarias que cuentan con gobiernos tradicionales electos por usos de costumbres y que son reconocidas por el gobierno de la entidad, han formado sus rondas comunitarias o policías comunales, pero a la fecha solo cinco cuentan con capacitación y armamento.
El secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, entregó armas largas, cortas, cargadores y municiones, financiado con recursos propios de cada una de las comunidades a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz).
El funcionario estatal dijo que el compromiso de las comunidades es cumplir con los trámites necesarios, incluyendo exámenes de control y confianza y el registro ante la Sedena, lo que garantiza que sus policías comunales, conocidas como rondas comunitarias o Kuarichas, operen dentro de la legalidad y cumplan con la legislación en materia de seguridad pública.
Por su parte, el dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Guzmán comentó que es un buen principio, pero son ya 40 comunidades que tienen autogobierno y que cuentan con guardia comunales que carece de equipo de defensa. “Los cursos de capacitación se llevan a cabo en Morelia y durante cerca de dos años, es por ello que se requiere que la capacitación se lleve a cabo en las comunidades o bien que policías estatales vigilen los pueblos en lo que se lleva a cabo la capacitación”.
El dirigente indígena dijo que es necesario se agilice este procedimiento de capacitación y entrega de armas, porque las comunidades indígenas decidieron formar su propio equipo de seguridad, sin otorgarles un solo peso a las guardias comunales, porque desde hace al menos 15 años los pueblos originarios son víctimas de despojo, extorsiones, secuestros y presencia de células criminales.
