Ciudad de México. Ante la posible existencia de exclusividades ilegales, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación contra empresas proveedoras de servicios de pagos, depósitos y retiros en efectivo en tiendas, lo cual afecta a la población que realiza alguna transacción.

El ente regulador, como es usual, no reveló cuales son las firmas que estarían involucradas, pero se trata de los mayores intermediarios financieros que hacen posible las transacciones en comercios con las instituciones bancarias.

La Cofece explicó que cuando una empresa dominante en el mercado de servicios financieros establece alguna exclusividad, obliga a sus comercializadores a que únicamente ofrezcan o adquieran sus productos o servicios.

El organismo agregó que estas condiciones provocan que, al impedir la participación de otros competidores, los consumidores tengan menos opciones y queden cautivos a los precios de la firma que tiene la exclusividad.

La Comisión, cuya continuidad será discutida por el Congreso de la Unión, resaltó que este tema es de interés porque permiten que la población en México pague bienes y servicios o dispongan de efectivo, incluso si no tienen una cuenta bancaria.

Resaltó que de confirmarse que existe una conducta anticompetitiva, las empresas responsables podrían ser multadas hasta con 8 por ciento de sus ingresos anuales, mientras que los directivos involucrados podrían ser inhabilitados hasta por 5 años y multados.

Apuntó que el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado por la población en México, algo que permanecerá todavía hasta 2027.

El organismo refirió que datos del Banco de México, el 19 por ciento de los mexicanos únicamente tiene acceso al efectivo como forma de pago.

Por ello “es importante que las y los mexicanos sin acceso a servicios financieros tradicionales tengan varias opciones que les permitan realizar pagos, depósitos y retiros en establecimientos comerciales”.

La Cofece señaló que la competencia en estos servicios fomenta la inclusión financiera y beneficia a las personas, ya que las instituciones financieras ofrecen mejores productos y servicios con mayor transparencia y a menores costos.

El órgano autónomo reiteró que como parte de sus funciones de sancionar e inhibir prácticas que atentan contra el bienestar de la población, continuará trabajado para que las conductas anticompetitivas no queden impunes.