Qué eficientes representantes del Estado mexicano. Se trata de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes ayer y a propuesta de la cabeza visible del Poder Judicial, la mismísima Norma Piña, y por mayoría de ocho votos contra tres, decidieron, desesperados, sumarse al paro de actividades en el sector que dicen representar, ante el miedo que les provoca que les cambien las reglas del juego y, por ende, pierdan el cúmulo de privilegios que ellos mismos se han otorgado. ¿Vivir en la medianía juarista y servir a la ciudadanía? Ni locos.

Los que votaron a favor son los de siempre: Norma Piña, Javier Láynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Juan Luis González Alcántara, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, pero Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz votaron en contra. Entonces, solidarios, esos ocho impartidores de justicia serán más lentos que de costumbre. Probablemente nadie registre la diferencia entre su actuar cotidiano y ahora en suspensión, salvo aquellos que tradicionalmente recurren a los ministros para que les saquen las castañas del fuego, aceite de por medio, desde luego. Descansarán más de lo habitual, aunque sus jugosos sueldos e interminables prestaciones permanecerán intocados.

Ante tal panorama, las tres ministras que votaron en contra del paro de actividades promovido por Norma Piña advirtieron que “procede la imposición –mediante juicio político– de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público a las ministras o ministros (entre otros servidores públicos) que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho” ( La Jornada, Gustavo Castillo).

Y el juicio político que de tiempo atrás pende sobre la cabeza de Norma Piña, ahora, con la citada propuesta y su posterior aprobación, parece que ella misma pide a gritos que se lleve a cabo. Ante ello, Esquivel, Batres y Ortiz subrayaron que el artículo 110, fracción décima, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es terminante en señalar que incurre en responsabilidad la persona servidora pública que deje de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo. No está prevista la figura del paro de labores a nivel constitucional ni legal para los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De hecho, recuerdan las tres ministras, el personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga, de conformidad con múltiples criterios sostenidos por la propia Suprema Corte, como la jurisprudencia 118/2016, de la segunda sala. Por mayoría de razón, los titulares del máximo órgano de impartición de justicia no podemos suspender la prestación del servicio público que nos ha encomendado la Constitución.

Además, el Código Penal Federal tipifica como delitos por hechos de corrupción la omisión de proporcionar el servicio público que nos corresponde (artículo 215) o recibir el pago indebido de remuneraciones sin tener derecho a ello (artículo 217), por lo que, en todo caso, quienes votaron por el paro debieron haber determinado dejar de percibir las remuneraciones que tienen; el artículo 17 de la Constitución establece que es un derecho fundamental la impartición de justicia en los plazos y términos que fijan las leyes; los órganos de justicia tienen la obligación de emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial ( ídem).

Pero, tranquilos, que los paristas tienen tiempo para descansar y hacer maletas, porque ya se van. Serán remplazados por mexicanos probos, porque en la Cámara de Diputados se aprestan a votar y aprobar la reforma judicial.

Las rebanadas del pastel

Desde que lo pausaron, sudaba y se retorcía, porque la lengua debía mantenerla dentro de su cavidad bucal. Pero le ganó el virus de la doctrina Monroe: el embajador gringo Ken Salazar reabrió la boca para mostrar su preocupación por la reforma judicial. No tiene remedio.

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