Dos jueces federales que otorgaron suspensiones a los trabajadores del Poder Judicial contra la reforma a ese sector —que se discute en el Legislativo— fueron exhibidos en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La intención, dijo el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, es que el Congreso de la Unión no discuta ni dé trámite legislativo a la reforma del mandatario federal.

Señaló que se trata de la jueza quinta de distrito en Morelos, Martha Eugenia Magaña López, y del juez tercero de distrito de amparo y juicios federales en Chiapas, Felipe V. Consuelo Soto, que otorgaron sendas suspensiones bajo argumentos de evitar daños y perjuicios de “difícil o imposible reparación”.

En el primer caso, jueces federales presentaron un amparo directo el 29 de agosto de este año contra la reforma al Poder Judicial y un día después, la jueza Magaña López concedió una suspensión de oficio al considerar que ésta podría generarles un “daño de imposible reparación”.

El proyecto de esta suspensión es para que, el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa de reforma, adiciona y deroga la Constitución con respecto al Poder Judicial (el cual fue discutido y aprobado el 26 de agosto de 2024 por la Comisión de Puntos Constitucionales) “no surta efecto para los quejosos”.

El funcionario explicó que esto implicaría que dicho proyectio no podrá ser discutido ni votado por la Cámara de Diputados de la recién iniciada legislatura, que comenzó labores el 1 de septiembre.

En su resolución, “la jueza Magaña López mencionó que actúa estado en protesta por los ataques a la independencia judicial”, señaló el subsecretario

En tanto, el juez Consuelo Soto concedió a otros jueces federales —que presentaron un amparo indirecto el 30 de agosto— una suspensión de oficio ese mismo día para evitarles daños y perjuicios de “difícil reparación”.

Rodríguez Bucio apuntó que en este caso, “los efectos de la suspensión serían para que el Congreso de la Unión se abstenga de enviar el dictamen a las legislaturas del los estados y la Ciudad de México para la aprobación hasta no se resuelva la suspensión definitiva en este amparo”.

Según la información presentada por el subsecretario, el juez Consuelo Soto argumento que de permitirse la culminación de proceso legislativo, el amparo promovido quedaría sin materia, pues sería imposible reparar el daño a los promoventes.