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Negocios y empresas

03 de septiembre de 2024 08:23

Uno de los problemas más difíciles de resolver en las grandes ciudades es el de la vivienda. Los habitantes recién incorporados a las grandes urbes no encuentran lugares para establecer su hogar, lo que impacta en el bienestar social y en el costo de la vida de los más pobres.

Inicialmente las ciudades crecen del centro a la periferia. Con el tiempo, los servicios y el ambiente en los centros históricos se deterioran, crecen los problemas sociales en dichas zonas y la gente se cambia a la periferia para vivir mejor.

En el caso de la Ciudad de México, de 500 mil habitantes que concentraba el Centro Histórico en la década de 1950, pasó a menos de 35 mil habitantes a finales de dicho siglo, al convertirse casas y edificios en comercios, bodegas, predios abandonados y antros de todo tipo.

Un elemento que impactó negativamente fue la Ley de Rentas Congeladas, impuesta en 1942, como producto de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente esa regulación era de carácter temporal; sin embargo, en 1948 Miguel Alemán la prorrogó y en 2001 se derogó, pero causó daños notorios a la infraestructura y la seguridad de la ciudad, ya que ni los dueños de los predios ni los inquilinos les dieron mantenimiento.

El derecho a la vivienda digna es un buen principio. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado ejercerlo. Ahora se aplica una nueva ley según la cual los arrendadores no podrán subir las rentas más allá de la inflación, lo cual suena razonable.

Sin embargo, cuando se imponen controles de este tipo se desincentiva la inversión, ya que las rentas tienden a ser cada vez menores, frente al incremento de los costos de terrenos y edificios. Los precios de la tierra y de la construcción tienden a subir más que el promedio inflacionario y los controles frenan las nuevas construcciones para arrendamiento.

En consecuencia, la oferta de vivienda en renta se reducirá y los costos aumentarán para el arrendador. Por esta razón, en lugar de beneficiar a los sectores de menores recursos, el control de las rentas los perjudicará, porque tendrán que irse a lugares más alejados de sus centros de trabajo con costos extras en tiempo, salud y nivel de vida.

 
 

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