En 1931, Keynes publicó un breve texto, relevante y polémico, titulado: Las posibilidades económicas de nuestros nietos. El propósito es aún interesante puesto que, a pesar de la dificultad y hasta el peligro de hacer predicciones de este tipo, es imprescindible en una sociedad considerar las consecuencias de las decisiones que se toman en lo que respecta al quehacer del gobierno y a la política pública. En esta parte muy significativa de la tarea de gobernar no se puede eludir que lo hecho hoy en materia de economía, legislación, justicia y del entramado institucional, tendrá repercusiones próximas y también en el futuro más distante.

Ahora que se ha consumado el “carro completo” de Morena en el espacio del Ejecutivo y del Legislativo y está al acecho del espacio judicial, ese partido tiene una responsabilidad enorme derivada de las medidas que se adoptan, claro está que en materia de política, pero no en menor medida, de la economía. Enfrenta, pues, las responsabilidades ineludibles de sus acciones y sus decisiones, así como de las condiciones que se generen derivadas de la unanimidad que se ha impuesto. No podrán ser compartidas con nadie más. Ese es el costo implícito e irrenunciable, de tener el control total, y entraña, asimismo, un riesgo grande para la sociedad, que ahora tiene que enfrentar. Esto es lo que se desprende del dominio sin límite que se impone de quienes gobiernan, operan y gestionan; quienes legislan y los que juzgan.

El gobierno saliente emprendió una muy activa política social durante los pasados seis años, la que se circunscribe en gran medida a los ingresos de distintos segmentos de la población ocupada. Así ha sido por medio del necesario aumento del salario mínimo para los trabajadores del sector formal, sin olvidar que, según los datos oficiales, al primer trimestre de este año, la tasa de informalidad fiscal-laboral abarcó alrededor del 55 por ciento de la población ocupada; sin dejar de lado que 39.6 por ciento de dicha población recibe un ingreso de hasta un salario mínimo y en el caso de las mujeres la cifra se eleva a 47.5 por ciento. La función y eficacia social del salario mínimo como referencia de la mejora en el nivel de vida se asocia de modo directo con la capacidad de crecimiento de la economía y la creciente demanda de trabajo. Este proceso requiere de recursos suficientes y continuos para la inversión en actividades productivas, sobre las que se sustenta la expansión de la demanda del empleo. Las previsiones del Banco de México sobre el crecimiento del producto son de 1.5 por ciento para este año y 1.2 para 2025, con una creación de plazas de trabajo en un rango de 430 a 630 mil; por debajo del millón que se estiman necesarios.

Otros programas relevantes en este rubro han sido los referidos al bienestar como son: pensiones, becas y apoyos diversos a distintos segmentos de la población. La valoración que sobre ellos ha hecho el Coneval se pierde con las recientes reformas de las entidades autónomas. Para que estas transferencias sean sostenibles en el tiempo e incluso algunos de ellos tengan rango constitucional, tienen que ser amparadas con las partidas presupuestarias, ligadas a su vez a la expansión económica. No todo esto puede recaer sobre los impuestos que provienen en gran medida del ingreso (ISR) y de las transacciones (IVA). Legislar sobre las transferencias sin prever los recursos para pagarlas es iluso e irresponsable. He ahí un aspecto clave de la política social, ligada al bienestar, que es la sustentabilidad de los recursos, pues serán muy grandes los requeridos para cumplir con las exigencias de unos sistemas de salud, educación y vivienda que sean funcionales y efectivos; además de las promesas de creación de infraestructuras que ya ha hecho el próximo gobierno. Esta es la verdadera aritmética política. Ya se sabe que prometer no empobrece.

Uno de los pilares del crecimiento económico y de la generación de empleo e ingresos de las familias ha sido la relación de inversiones y comercio en el marco del T-MEC, que contiene diversas cláusulas que enmarcan al conjunto de las transacciones económicas. Al respecto se han generado ya señales de las posibles fricciones con Estados Unidos y Canadá, que cuestionan la continuidad de la seguridad jurídica de las relaciones tripartitas. Es posible que el próximo gobierno se vea en la disyuntiva de afirmar las posiciones de la administración saliente, o bien, de adaptar su particular noción de la soberanía nacional; la autarquía no es una alternativa deseable. Esa será una de las marcas decisivas de la política pública a partir del primero de octubre. El pragmatismo es una condición necesaria para gobernar. Una señal rápida ha sido el impacto reciente sobre el tipo de cambio. En el terreno económico y político se impone hoy una clara visión de las condiciones que definen las relaciones globales de poder, de las tácticas y las estrategias viables para sostener la producción y el bienestar y, también, el acceso a la tecnología, elemento clave en el entorno social.

En cualquier consideración realista y noble sobre la situación que priva en el país no hay modo de dejar fuera la situación de gran inseguridad pública y de violencia que existe. Esto debe ser parte inherente y decisiva del discurso político.

Nos jugamos hoy mucho más que las solas posibilidades económicas de nuestros nietos.