San Cristóbal de Las Casas, Chis. El indígena tsotsil, Versaín Velasco García, defensor sentenciado a 58 años y cuatro meses de cárcel por homicidio, en agravio de una policía de la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, inició este lunes una huelga de hambre en el penal ubicado de ese municipio para exigir su traslado a la cárcel de San Cristóbal, informaron sus familiares.
“La primera demanda es que sea trasladado al Centrs Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5, con sede en el municipio de San Cristóbal porque aquí se encuentra su familia desplazada desde diciembre de 2021”, agregaron.
Señalaron que la siguiente exigencia es que sea liberado porque fue condenado “por un delito que no cometió. Estamos a la espera de que se resuelva la apelación que se interpuso”
“Versaín inició a partir de las cero horas de este lunes una huelga de hambre y sed de justicia por tiempo indefinido en el penal número 16 de Ocosingo”, manifestaron.
Sus familiares recordaron que en diciembre de 2021 fueron expulsados de la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, luego de que Versaín fuera encarcelado por denunciar poco antes la presencia de grupos dedicados al tráfico de migrantes en esa zona ubicada en la selva Lacandona.
Dijeron que poco antes de ser encarcelado, Velasco había denunciado la detención de unos jóvenes a quienes tenían encerrados desde hacía 12 días, sin darles agua ni comida.
El 16 de diciembre de 2021, cuando Versaín, ahora de 45 años, regresó de la cabecera de Ocosingo, tras presentar una denuncia ante el agente del Ministerio Público por el caso de los jóvenes retenidos, un grupo de hombres armados llegó hasta su casa, donde estaba con su esposa, sus hijos e hijas, sus yernos y nietos.
Los hombres armados entraron, los golpearon, abusaron sexualmente de una de las mujeres, a algunos les dispararon, quedaron heridos en el lugar, mientras que otros integrantes de la familia huyeron a hacia el monto.
Desde diciembre de 2021, 34 personas que fueron desplazadas forzadamente se asentaron en San Cristóbal, desde donde han estado exigiendo que se haga justicia con el acompañamiento de diversas agrupaciones, entre ellas El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).