Oaxaca, Oax., Diego Ignacio Paz, estudiante de la Universidad Anáhuac de Oaxaca, murió antier en la madrugada tras ser baleado por elementos de la policía de Santa Lucía del Camino, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca. El gobernador Salomón Jara condenó el crimen.

Según el informe policial homologado que presentó dicha corporación, el joven y un amigo –cuya iniciales son CJRM– viajaban en un automóvil Audi y quisieron evadir un operativo del alcoholímetro en la avenida Lázaro Cárdenas esquina con Huamuchil. En la huida arrollaron a un agente.

Metros adelante los alumnos de la carrera de comunicación abandonaron la unidad y huyeron a pie, pero los agentes los detuvieron.

Al joven identificado con las siglas CJRM lo presentaron ante la autoridad correspondiente, mientras que a Ignacio Paz lo trasladaron al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de la ciudad de Oaxaca para recibir atención médica por heridas de bala, pero falleció.

En ninguna parte del reporte que dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE) se menciona que los policías de Santa Lucía del Camino dispararon contra los universitarios y sólo se consigna que uno tenía disparos de arma de fuego.

La fiscalía informó también que fue detenido el policía municipal identificado con las siglas ARP “para determinar su grado de responsabilidad” en el homicidio; se le aseguró su arma, a la cual se le realizan los análisis correspondientes.

Irregularidades en el informe homologado

Fuentes de la FGE revelaron que en las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y la Vicefiscalía de Valles Centrales, se han detectado una serie de irregularidades en el informe homologado presentado por la policía de Santa Lucía del Camino.

En tanto, familiares y amigos de Diego Ignacio Paz y de CJRM dieron a conocer que los jóvenes salían de jugar pádel y fueron detenidos en un retén del alcoholímetro; ahí “fueron acosados por un policía vial que les solicitó dinero para dejarlos pasar. Al negarse, comenzó a insultarlos y amedrentarlos y solicitó apoyo de más uniformados”.

“Al intentar seguir su camino, fueron perseguidos por los municipales de Santa Lucía del Camino, quienes provocaron que Diego perdiera el control del vehículo”, relataron en un comunicado.

Denunciaron que los agentes “golpearon brutalmente” a los jóvenes, pero “ya amagado el estudiante, le dispararon a quemarropa, lo que le provocó perforación vesical y estallamiento de vísceras”, y falleció mientras recibía atención médica.

Aseveraron que los policías llevaron el cuerpo de Diego Ignacio a inmediaciones del parque Ciudad de las Canteras, a donde arribaron cuerpos de rescate, quienes trasladaron al joven, con la intención de alterar la escena del crimen.

Un día después de la agresión, el gobernador Salomón Jara, en sus redes sociales calificó de “un asesinato”, la agresión contra el joven y demandó una investigación a fondo, “es urgente la detención de los elementos de la policía municipal que actuaron irresponsablemente en este lamentable acontecimiento”, puntualizó.

DDHPO: hay preocupación e indignación por los hechos

La Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca condenó el homicidio e inició el expediente DDHPO/1273/(01)/OAX/2024.

Manifestó su “preocupación e indignación por lo sucedido, pues al tratarse de un presunto caso de abuso policial, las malas prácticas en el ejercicio de su labor representan un riesgo para los oaxaqueños, toda vez que en este municipio se cuenta con un alto índice de abusos de este tipo”.

Organizaciones sociales, entre ellas el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio, demandaron a la fiscalía del estado que investigue este caso como una ejecución extrajudicial, debido a las características.

En mayo pasado se aprobó en la entidad una ley para sancionar este tipo de actos y las sanciones van de 50 a 70 años de prisión.

A la exigencia de justicia también se sumó la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

En un boletín repudió los hechos y demandó castigo a los responsables de la muerte del joven Diego Ignacio.