En los primeros siete meses de este año, el Instituto Nacional de Migración (INM), sólo ha atendido cinco de cada 10 quejas remitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que se ubica en el tercer lugar de las dependencias federales que acumula el mayor número de quejas.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta del organismo defensor, el foco rojo se concentra en los estados de Sonora, Chiapas, Baja California, Tabasco y Ciudad de México, ya que es donde llegan más migrantes en situación irregular migratoria.
Estas entidades “registran un flujo migratorio sin precedente en el histórico de las personas que en condiciones de movilidad arriban a México”, por lo que acumulan más quejas.
Un informe de la CNDH señala que de enero a julio se abrieron mil 025 expedientes por quejas al INM, de las cuales la autoridad migratoria atendió 537, es decir, la mitad de las que recibió. No obstante, a este rezago, el INM presumió de 2019 a la fecha recibió 5 mil 596 quejas, de las cuales 5 mil 500 ya fueron atendidas, lo cual representa 98.2 por ciento del total.
Los datos anteriores revelan que en los últimos cinco años el INM ha recibido en promedio cuatro quejas diarias por cuestiones vinculadas a la atención que brindan a los migrantes, de las cuales han atendido en promedio nueve de cada 10, pero que en lo que va del 2024, disminuye al 52 por ciento.
La CNDH informó que en el mes de julio del presente año recibió 128 quejas, de las cuales 21 se resolvieron mayormente durante el trámite respectivo; lo que significa que las quejas no se consumaron como violaciones y, que fue posible atenderlas, a través del trabajo conjunto de este organismo y el INM.
También dio cuenta que en junio se registraron 165 quejas y resolvieron 51; en mayo 170 y se resolvieron 73; abril 163 y se resolvieron 95; marzo 144 y resolvieron 96; febrero 140 y resolvieron 103; y enero 115 y resolvieron 98.
Ante la respuesta que ofreció el INM, el organismo defensor de los derechos humanos concluyó que estas acciones abonan en la coordinación y la orientación de acciones para generar mecanismos que reduzcan las quejas y permitan actuar con oportunidad antes de que se conviertan en violaciones a derechos humanos.
