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“Los campesinos no traen dinero, traen pura mala suerte”

01 de septiembre de 2024 00:04

“Ay, licenciada, ¿cómo quiere que avance su asunto, si los campesinos no traen dinero, traen pura mala suerte?” Esta frase, que me dijo el secretario de un juzgado de distrito en materia de amparo, ilustra la mentalidad y los criterios que prevalecen en los jueces, magistrados y ministros. Desde luego, hay excepciones, pero escasas.

En un juzgado federal de amparo del estado de Morelos, el juez se negaba a admitir la demanda porque “el acta de nombramiento del comisariado ejidal ya tenía un año”. Le hicimos notar que el periodo de duración es de tres años y que hasta un estudiante del primer semestre de Derecho lo sabía, si leía la Ley Agraria. Esto indignó tanto al juez que mandó que nos echaran fuera del edificio, quedamos en la banqueta abogados y ejidatarios. Y todavía quieren que se les llame “su señoría”.

El cuarto tribunal colegiado en materia administrativa de Naucalpan, indebidamente y por sus intereses empresariales, decidió que nuestro amparo era extemporáneo. Siendo que la comunidad indígena se encuentra en un municipio del estado de México, pero tiene domicilio en nuestro despacho en la colonia Juárez para recibir las notificaciones, el tribunal de marras determinó que era válida un aviso publicado en “estrados” (lista que se pega en la pared del tribunal agrario que está en la Ciudad de México), la cual hicieron un día antes de entregar la notificación en nuestro despacho. Así que tomaron en cuenta la de estrados para sostener lo extemporáneo. Todo esto para favorecer a una inmobiliaria que pretende apoderarse de 60 hectáreas de bosque de la comunidad para hacer un desarrollo inmobiliario de lujo.

En esta trama también participa el Tribunal Superior Agrario, que lejos de aplicar el derecho agrario a favor de las comunidades, aplica el derecho civil a favor de los empresarios. Por lo anterior, la reforma judicial también debe incluir a los tribunales agrarios.

En el caso de la extradición de cinco ciudadanos vascos y un mexicano que solicitó el reino de España en 2006, después de tres años de litigio, llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera en definitiva nuestro amparo en contra de ese procedimiento por múltiples violaciones constitucionales y al propio tratado al respecto. Cuando fuimos a entregar un memorándum a los ministros, uno ellos nos dijo: “Ni me deje su memorándum porque no lo voy a leer”. Es una práctica usual que se entrega al ministro o magistrado una síntesis de los puntos más importantes del amparo para facilitarles el trabajo. Ese ministro ya tenía su decisión a favor de la extradición antes de leer el amparo.

El día de la sesión, contrario a la costumbre de suspender el trabajo a las 2 de la tarde, decidieron continuarla, dijeron que sólo harían un breve receso para tomar un “piscolabis”.

Únicamente el ministro Genaro Góngora argumentó en contra de la extradición haciendo suyos nuestros argumentos sobre las graves violaciones a la Carta Magna de conceder la extradición de los quejosos al reino de España. Argumentos jurídicos impecables que de poco sirvieron, porque ocho ministros sin razonamiento alguno sólo levantaron la mano en la votación a favor de la extradición, incluida la ministra Olga Sánchez Cordero que a la sazón formaba parte de la Suprema Corte. Una decisión claramente violatoria de la Constitución y que nos dejaba como simples lacayos del reino español.

Tengo innumerables ejemplos como éstos de irregularidades cometidas en los procedimientos y de burdas resoluciones dictadas con criterios políticos e intereses económicos por jueces, magistrados y ministros, que he acumulado a lo largo de mis 30 años de litigio defendiendo ejidos, comunidades indígenas y a dirigentes sociales.

Por último, no puedo dejar de mencionar que la puerta de la Suprema Corte ha estado cerrada desde la pandemia y nunca la volvieron a abrir; los litigantes, cuando mucho, podemos pasar a la oficialía de partes y escoltados por un policía para que no vayamos a subir a “molestar” a los ministros. Por lo tanto, el cerco que tienen los trabajadores en la entrada de la Corte resulta ocioso y estéril.

*Abogada



“Los campesinos no traen dinero, traen pura mala suerte”

A lo largo de mis 30 años de litigio he visto muchos ejemplos de resoluciones de jueces dictadas con criterios políticos e intereses económicos.

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