Ciudad de México. El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, manifestó su rechazo ante la decisión de un juzgado distrito de otorgar una suspensión de plano que impide que la Cámara de Diputados discuta y apruebe, por tiempo indefinido, la reforma al Poder Judicial, por considerar que se tata de un “despropósito” y una “violación flagrante” a la Carta Magna.

Mediante un video de 5:32 minutos en su cuenta de X, Monreal señaló que la cámara “ha recibido notificación procedente de dos juzgados de distrito en los estados de Morelos y Chiapas, en la que pretenden que el proyecto de reforma judicial en materia constitucional no sea discutido ni votado por esta Legislatura”.

Lo anterior, enfatizó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, “no sólo es violatorio del principio de legalidad e invasión del poder legislativo, sino una violación flagrante a la Constitución”.

Para el coordinador de los diputados morenistas, “no hay duda de que la desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios, pretende también frenar esta histórica reforma en beneficio de la población. No menos extraño resulta, si lo recordamos, que se ha intentado de manera permanente obstaculizar esta reforma, como una conducta cotidiana de sectores vinculados con este Poder Judicial”.

Es inadmisible e improcedente toda resolución de cualquier juez o autoridad sobre el desempeño constitucional jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que violente la Constitución y el principio de legalidad, e invada facultades y funciones del Legislativo. pic.twitter.com/UHB7zAz0ya

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 31, 2024

Los más recientes intentos, dijo, tuvieron lugar hace unos días, “cuando el ministro (Juan Luis González) Alcántara resistió las presiones y evitó actuar de manera inconstitucional, y antes, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con dignidad y sobriedad republicana, rechazó la resolución de un Juez de Distrito a modo que intentaba invadir la competencia este Tribunal”.

Monreal Ávila enfatizó que “el análisis del dictamen de reforma constitucional en materia judicial está cargo del máximo órgano político y jurídico sobre el cual se erige nuestro sistema de gobierno, que es el poder revisor de la Constitución, cuya actuación tiene como cimiento su artículo 135”.

Dicho apartado “establece que, para que las adiciones o reformas lleguen a hacer parte del sistema jurídico mexicano, se requiere que el Congreso de la Unión las apruebe por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, así como de la mayoría de legislaturas de los estados y de la Ciudad de México”.

Por otra parte, es el Poder Legislativo es “la voz del pueblo, quien conforme al artículo 39 constitucional, tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Para el coordinador de los diputados guindas, “es inaudito que los quejosos, es decir, que quienes promueven el amparo, sean los propios titulares de los juzgados de distrito. En tales premisas, esta mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ella”.

Además, “porque no se puede suspender el análisis y discusión, y en su caso aprobación, del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial”. Asimismo, es la representación popular “precisamente la que nos ordena revisar la Constitución, y a los únicos que respondemos es a nuestros mandantes, el pueblo, que fue quien nos designó en las urnas para reformar y adicionar al texto constitucional.

El presidente de la Jucopo subrayó que tolerar la intervención de una entidad ajena al Congreso de la Unión dentro del procedimiento de reformas constitucionales “no podemos admitirlo. Es inadmisible, porque implicaría subordinar la voluntad del pueblo depositada esta soberanía y en los congresos de las entidades federativas a una injerencia indebida y grosera que no tiene sustento constitucional”.

Por todo lo anterior, Monreal adelantó que “actuaremos con energía, con firmeza. Es tan absurda, grosera e ignorante esta disposición de suspender mediante la vía de amparo actos de otro poder, que el artículo 61 de la Ley de Amparo dispone en su fracción primera que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Lo anterior “implica que ninguno de los actos que lleve a la consecución de tal fin, pueda ser materia de impugnación. Es, pues, tal el despropósito que cualquier ciudadano, en cualquier condición, consideraría que es simplemente una actitud de ignorancia jurídica”.

Morena no detendrá la discusión de la reforma

Consultados sobre el tema, otros diputados o senadores de Morena coincidieron en que el otorgamiento de los mencionados amparos es una acción indebida de algunos jueces para intervenir en una esfera que sólo le corresponde al Legislativo, por lo que el trámite de análisis, discusión y votación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) no se va a detener.

Hamlet García Almaguer –quien este sábado a medianoche terminará con su encargo como diputado—señaló en entrevista que “la función constitucional primordial del Congreso es legislar” y recordó que el Artículo 135 de la Carta Magna establece los requisitos para una reforma de la misma, entre los cuales está el voto de las dos terceras partes del Congreso de la Unión, y que los cambios sean aprobados por la mayoría de las legislaturas de los estados y la Ciudad de México.

Asimismo, coincidió con Ricardo Monreal en que la Ley de Amparo, en su Artículo 61, Fracción 1, establece que el juicio de amparo “es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Unidos Mexicanos”.

Además, dijo, en la aceptación de los amparos “hay conflicto de interés, porque los demandantes y el resolutor son jueces, y la emisión de sus sentencias es para proteger sus privilegios”.

Aunque García Almaguer está a unas horas de terminar su encargo como diputado, afirmó: “respetuosamente le sugiero a la siguiente legislatura que continúen con el mandato constitucional” de discutir y eventualmente aprobar la reforma al PJF.

En redes sociales, publicó una serie de mensajes en los que denuncia que “el Poder Judicial está en paro y quiere imponer otro paro al Poder Legislativo, que el Congreso no discuta, que no delibere sobre la reforma judicial”.

De igual manera, recordó que “las Leyes Constitucionales de 1836 establecieron el Supremo Poder Conservador que tenía facultades para suspender las sesiones del Congreso: 188 años después la idea renació en manos del Poder Judicial Federal”.

“Nadie nos va a frenar”

También en redes sociales, la senadora Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, publicó: “Más allá de la aberración jurídica en la que caen los jueces que otorgaron una suspensión para que el dictamen de la Reforma Judicial no se discuta, lo que queda en evidencia es la soberbia y el uso faccioso de la ley, la poca autocrítica y el desprecio al mandato popular que exige que el poder judicial sea reformado. No están midiendo la fuerza popular que acompaña la reforma y nuestra mayoría, que se movilizará si es necesario”.

Por su parte, la diputada morenista Irma Juan Carlos, quien participó en el análisis de la reforma al PJF como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó en entrevista que con los amparos concedidos hoy, “una vez más el Poder Judicial intenta invadir estas esferas de competencias, intenta controlar al Poder Legislativo. No nos sorprende, porque siempre hicieron eso. Ellos siempre intentaron invadir estas esferas de competencias del Legislativo, como si el Poder Judicial fuera más”.

Lo anterior, dijo, quedó demostrado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo los llamados Plan A y Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador.

-- ¿Estos amparos no obstaculizan la discusión, no hay manera de que frenen este proceso?, se le preguntó.

-- No, porque son 3 poderes y cada poder es autónomo: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial son autónomos y cada uno ejerce su autonomía y tiene sus propias atribuciones. Nosotros en este caso tenemos un mandato popular, que es reforma al Poder Judicial.

-- ¿La respuesta de ustedes será seguir con el trámite legislativo como estaba previsto?

-- Sí, así es. Nadie nos va a frenar, y menos estos jueces de distrito que están concediendo amparos tramitados por ellos mismos.