Cuando hablamos de democracia, ¿a qué nos referimos?, ¿al poder del pueblo o de la mayoría? ¿Como un fin o un medio?, ¿para quién o quiénes es ese modelo democrático? De acuerdo con Abraham Lincoln, “la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”; sin embargo, cuando hablamos de controles gubernamentales y contrapesos para una representación plural y equitativa, ¿cómo podríamos hacerlo posible?
La democracia ha sido un modelo de gobierno que se ha dialogado desde los pensadores griegos hasta la actualidad, cuyos debates continúan intentando resolver esos cuestionamientos. Ha sido este marco institucional el que ha permitido colocar a los derechos humanos en el centro de la discusión, bajo el principio de representatividad e inclusión para construir condiciones de vida digna para todas las personas, donde las desigualdades estructurales sean desmontadas.
Uno de los elementos fundamentales de la democracia es la división de poderes, cuyo objetivo es mantener un equilibrio entre los distintos agentes y órganos de gobernanza, los cuales velarán el bien común de la ciudadanía. En consecuencia, debería existir un sistema de frenos y contrapesos que garantice la autonomía de las instituciones responsables de proteger los derechos humanos, así como la participación de la ciudadanía en mecanismos de toma de decisiones, donde la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y colectividades de víctimas sean sumamente importantes para la visibilización y atención a sus problemáticas.
Sin embargo, estos elementos claves no han sido considerados por el representante del Ejecutivo federal; al contrario, ha limitado, estigmatizado y criminalizado la labor de las personas y organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos.
Aunado a la actual reforma al Poder Judicial, se pone en jaque al sistema democrático, pues no hay democracia sin contrapesos ni equilibrio de poder. Mucho menos habrá justicia para las miles de víctimas de violaciones graves a derechos humanos que hay en el país, donde la aquiescencia del Estado mexicano hacia empresas y grupos del crimen organizado ha sido considerable.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es importante reflexionar cuáles serán los impactos de estos cambios para las víctimas, sus procesos de búsqueda de justicia y reparación integral del daño para quienes buscan a sus familiares desaparecidos.
Si bien, es necesario reconocer que el sistema de justicia del país requiere modificaciones para que protejan y garanticen los derechos de las víctimas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, es un peligro que se proponga la elección de jueces y magistrados por voto popular, pues no se estarían protegiendo los principios de independencia e imparcialidad.
Es importante señalar que el problema no es el voto popular, sino la falta de condiciones para llevar a cabo este mecanismo. Por un lado, en un país donde el reciente contexto electoral fue considerado uno de los más violentos en la historia de México, sumado a la presencia constante del crimen organizado para cooptar el voto y/o colocar candidaturas coludidas con estos agentes, ¿qué condiciones podríamos esperar para quienes deben ejercer la justicia hacia ellos?
Por otro lado, la preocupación latente hacia la posible ausencia de organismos autónomos que promueven mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones, cuya existencia se logró gracias a la lucha de la sociedad civil organizada derivada de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Lo anterior, se consideró un elemento fundamental para la democracia y el gobierno abierto y ha sido gracias a estos organismos que se ha logrado publicitar información sustancial para las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, así como lo referente al actuar y quehacer gubernamental, visibilizando las dinámicas de corrupción, impunidad y desvío de recursos de la nación.
En el contexto actual se deja entreabierta la posibilidad de retroceder no sólo en derechos humanos, sino en la historia de México al transitar de un modelo democrático a uno de presidencialismo. Por tanto, es necesario que, como ciudadanía y sociedad civil organizada, nos informemos y analicemos críticamente los cambios legislativos que se están revisando, pues no es una cuestión aislada de nuestras vidas, sino que podría perpetuar y agudizar las condiciones de impunidad en nuestro país.
A su vez es preocupante que estas “transformaciones” obstaculicen aún más el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, donde el Estado mexicano no solamente se deslinde simbólicamente de sus responsabilidades, sino que consiga la legitimidad para ya no garantizarlos con base en los más altos estándares de derechos humanos por mucho tiempo más.
