Después de los penosos casos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2019), Isssteleon (2020), Yucatán (2022) y el sistema estatal en Nayarit (2023), la regresión pensionaria prosigue, ahora, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Issstezac (2024).

Un sesgado “diagnóstico” del Poder Ejecutivo local: el gobernador David Monreal (Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza) sentó que, al iniciar su periodo, recibió 4 mil 603 pensiones, enfrentando 5 mil 584 en curso de pago y aguardando culminar su sexenio con 4 mil 331 adicionales, es decir, un total de 9 mil 915 pensionados. También estableció que la diferencia entre gastos e ingresos (2023) fue de menos 77 millones de pesos y que Issstezac adeuda, por prestaciones a corto plazo, 33 millones de pesos, además de que los aguinaldos (2021-23) ascendieron a 518 millones de pesos.

Igualmente, presumió reducciones –muy poco significativas– en los onerosos gastos administrativos y de las áreas comerciales del instituto, pero su catastrófico “diagnóstico” hinchó deliberadamente que devolver cuotas a derechohabientes alcanzó 2 mil 900 millones, que las liquidaciones al personal de Issstezac sumaron 308 millones de pesos y que la prestación de pensiones por vejez (vigente desde 2015) benefició a mil 217 pensionados, con un monto de 643 millones de pesos. Claro que el sesgado “diagnóstico” ignoró olímpicamente el vasto y robusto reclamo de los trabajadores asegurados para restructurar y transparentar previamente al Issstezac, antes de proponer cualquier ajuste paramétrico.

Así que, con ese “diagnóstico” operado mañosamente como “crisis financiera” –dictaminado por interesados actuarios– con el absoluto aval –también interesado– del Poder Ejecutivo local, la propuesta de una, igualmente muy interesada, Comisión Especial legislativa formada por siete diputados, estableció entonces una cuestionable ruta sin salida: un auténtico albazo legislativo, que disfrazándose de “consenso”, fue vergonzosamente suscrita por la “mayoría” de los partidos del Congreso y que, en julio 2024 culminó imponiendo otra “reforma” paramétrica más que, como siempre, termina vulnerando derechos.

El albazo legislativo modifica el cálculo de prestaciones pasando de veces de salarios mínimos a UMA y topa las pensiones en 15 veces la uma; reduce las pensiones complementarias para trabajadores que se encuentran afiliados al IMSS y al Issstezac; ajusta el aguinaldo; incrementa gradualmente las cuotas y aportaciones al instituto, además de modificar el sueldo regulador, entre otras.

El albazo estima que con semejantes “medidas” paramétricas se dispondría de aportaciones extraordinarias por 35 millones de pesos, lo que detendría el aumento del costo de pensiones en una década y podría reducirlo después de dos décadas. Por esto mismo, al ignorar olímpicamente el vasto y robusto reclamo para restructurar y transparentar previamente el Issstezac, antes de proponer cualquier ajuste paramétrico, la “reforma” de David Monreal nace estructuralmente muerta y no resolverá los determinantes estructurales que afectan la operación del instituto.

Antes de imponer los ajustes paramétricos para enfrentar la “crisis financiera” que decretó la interesada Comisión Especial legislativa, esos supuestos representantes populares debieron haber dejado bien claros los temas vinculados con la transparencia de los fondos de Issstezac y deslindar con toda precisión hasta dónde su presunta posible “quiebra” pudiera estar asociada directamente a presuntos actos y actividades directos de corrupción en la propia conducción de sus tareas bajo la responsabildad de sus autoridades, así como a su obesa estructura de operación.

Reducir la actual situación de Issstezac a un asunto de exclusivas dimensiones financieras fue una equívoca estrategia que debilitó de entrada cualquier posible verdadera reforma de fondo que pudiera haber atendido el conjunto de determinantes estructurales que lo han conducido a esa situación.

La imposición de una ruta sin salida al cargo del gobernador Monreal, operada por un albazo legislativo en un Congreso sin capacidad real de armar una alternativa estructural, culminará en que, mientras a los derechohabientes y asegurados del instituto no les queden en absoluto claras las causas de su actual situación, el impuesto ajuste paramétrico emprenderá un camino de abiertos conflictos donde, su propia justificación como ajuste quedará inmediatamente deslegitimada por tratarse de medidas que castigan y vulneran los derechos de los trabajadores.

Por tanto, como en el penoso caso de la reforma neoliberal que impuso en 2023 el gobernador Miguel Ángel Navarro a las pensiones de los trabajadores nayaritas, la última palabra sobre el ajuste paramétrico que el mandatario David Monreal impuso a Issstezac, quedará en manos de los amparos y previsiblemente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

*UAM-X