Este país ha sido víctima de brutales saqueos desde la llegada de los conquistadores españoles, pero ya (supuestamente) sin ellos, el latrocinio de las hordas autóctonas ha sido de proporciones verdaderamente espeluznantes, y el rescate bancario se posiciona entre los primeros lugares del ranking, con los responsables (públicos y privados) impunes al ciento por ciento.

Cuando rindió su segundo informe de gobierno, Zedillo (alias el procurador del capital financiero) reconoció que se han comprometido recursos fiscales, estimados a precios de 1996 en más de 180 mil millones de pesos, que se irán erogando a lo largo de varios años, dinero público (los denominó apoyos) ilegalmente canalizados a través del sistema bancario.

(Como cápsula de memoria, hay que recordar que en enero de 1995, desatada la crisis bancaria nacional, el primer gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, aseguraba que el apoyo económico del erario, vía Fobaproa, a las 18 instituciones bancarias reprivatizadas por Carlos Salinas de Gortari a favor de sus amigos “no rebasaría los 50 millones de dólares –algo así como 400 millones de pesos al tipo de cambio de entonces–, y la ayuda sería temporal y sólo en caso de necesitarse”, lo que resultó ser una tomadura de pelo para los mexicanos.)

Bueno, Zedillo dijo lo citado, pero lo cierto es que cuando los prianistas legalizaron (12 de diciembre de 1998) la deuda del Fobaproa y aprobaron la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), el saldo de esos apoyos sumaba 552 mil 300 millones, es decir, tres veces más de lo que reconoció el susodicho, sin considerar que al cierre de su sexenio llegó a 648 mil 570 millones. Desde entonces, el aumento ha sido permanente, sin visos de solución y siempre a cargo de las espaldas de los mexicanos.

Si se considera el primer monto reconocido por Zedillo (los 180 mil millones de pesos) y se compara con la última información oficial disponible (un billón 86 mil 492 mil millones), entonces entre el 1º de septiembre de 1996 y el de junio de 2024, el saldo de los pasivos del Fobaproa-IPAB se ha multiplicado por 6.04 veces y contando, a pesar de que año tras año el Presupuesto de Egresos de la Federación destina una partida (entre 40 y 50 mil millones) para amortiguar el costo del rescate bancario.

Con todo, en las casi tres décadas transcurridas desde que Ernesto Zedillo decidió rescatar y apoyar a los banqueros privados depredadores (todos amigos y beneficiarios de Carlos Salinas de Gortari, pues fue él quien reprivatizó la banca expropiada por José López Portillo en 1982 y se la entregó mayoritariamente a especuladores bursátiles sin mínima experiencia), los mexicanos han pagado entre un billón 160 mil y un billón 450 mil millones de pesos, y aún les falta por cubrir casi un billón 100 mil millones adicionales (si las cosas no cambian, y cambiarán, porque esta última cifra es la que la Secretaría de Hacienda reconoce como el saldo del rescate bancario al cierre de junio de 2024).

En el balance, en su sexenio los apoyos a los banqueros reconocidos por Ernesto Zedillo se incrementaron 360 por ciento (más el inicio de la extranjerización de la banca otrora mexicana); con el mariguanero en Los Pinos, Vicente Fox, aumentaron 8.15 por ciento, sin considerar los cerca de 240 mil millones que les pagó por los pagarés Fobaproa ni la evasión fiscal legalizada que les permitió, y aceleró la extranjerización. Lo mismo con Felipe Calderón, en cuyo sexenio el saldo del rescate creció 18 por ciento; ya con Peña Nieto, el débito avanzó 21 por ciento, y con López Obrador, 15 por ciento. Y lo que falta.

Colofón: en este cuento que no es cuento, el rescate bancario resulta ser el atraco perpetuo, mientras los responsables se mantienen tan tranquilos.

Las rebanadas del pastel

Son tan miserablemente chiquitos, que ahora, por ejemplo, el esperpéntico Germán Martínez Cázares nomina a su paisano Marco Antonio Solís, El Buky, ¡a la medalla Belisario Domínguez! Agárrense.

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