La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres aseguró que no hay ninguna base legal para el paro de actividades que llevan a cabo los integrantes del Poder Judicial (PJ), pues no existe un pliego petitorio, ni un emplazamiento, ni siquiera una demanda laboral fundada.

En efecto, la parálisis de los tribunales –que afecta a todos los ciudadanos que requieren tramitar asuntos de toda índole ante instancias judiciales– no responde a ningún daño actual o latente a las condiciones de trabajo de los empleados de la judicatura. Por el contrario, forma parte de la campaña de desinformación, extorsiones y golpeteo mediático con que la cúpula de esa rama del Estado defiende el autoritarismo, la arbitrariedad, el nepotismo, el tráfico de influencias, el enriquecimiento inmoral (y en muchos casos, posiblemente ilícito) y el resto de prácticas abusivas que adorna con el eufemismo de independencia judicial.

En este contexto, acciones como el anunciado boicot al inicio de sesiones de la próxima legislatura del Congreso de la Unión no constituyen modalidades de protesta laboral, desobediencia civil o resistencia pacífica, sino la puesta en escena de intereses facciosos aferrados a los privilegios y al acaparamiento del poder fuera de todo control democrático.

En cuanto a los comunicados y manifestaciones de estudiantes de derecho de universidades mayoritariamente privadas, pero también públicas, cabe preguntarse si los grupos estudiantiles que repudian la reforma impulsada por el gobierno federal forman parte de lo que hoy se denomina nepobabies (hijos de quienes conforman las élites políticas y económicas), o si son víctimas de la manipulación informativa.

Si se trata de lo segundo, resulta lamentable que los futuros abogados se sumen a la defensa de un sistema en el que tienen escasas o nulas posibilidades de progresar, puesto que en su actual configuración el PJ se encuentra cerrado a quienes no tienen relaciones de parentesco, amistad o clase con ministros, magistrados o jueces.

Mentira deliberada o confusión, el hecho es que quienes se oponen al saneamiento del PJ se basan en premisas falsas. Sostienen, por ejemplo, que con la elección democrática de los togados cualquier persona podría ser juez, lo cual supone un absurdo: quienes se presenten a los comicios tendrán que haber cumplido previamente los requisitos académicos y profesionales; lo que cambiará es que las designaciones ya no se harán por dedazos cupulares.

También se asegura que la iniciativa atenta contra la división de poderes, pero ocurre al revés: con las normas vigentes, la próxima titular del Ejecutivo podría nombrar a tres ministros de la SCJN, mientras con la reforma serán los ciudadanos quienes los elijan.

El más descarado de estos bulos es el que denuncia la reforma como un atentado a la democracia. Se puede debatir, con argumentos y razones fundadas, acerca de cuál es el método idóneo para el nombramiento de los togados, pero decir que su elección a través del voto popular atenta contra el sistema democrático es una grosera falacia, particularmente reveladora del concepto de democracia enarbolado por las derechas: uno en el que las élites usan el mito del ascenso mediante el mérito a fin de instalar una oligarquía que despoja al pueblo de su derecho a decidir el modo de gobernarse.

Los miembros de la judicatura deben cesar sus engaños a la opinión pública, deponer su actitud beligerante, reconocer que en un régimen democrático la soberanía reside en el pueblo y aceptar que, mediante el voto, la mayoría de los mexicanos ha respaldado un proceso de transformación que exige a los funcionarios aunar la pericia profesional con la sensibilidad social y la búsqueda del bien común.