Ciudad de México. Las carencias por acceso a la seguridad social y a la salud son las de mayor incidencia a nivel nacional, en particular en los grupos históricamente discriminados, revela un reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo autónomo que defendió la relevancia de su existencia ante su posible desaparición.

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024 (IEPDS) no sólo da cuenta que 46.8 millones de personas en el país sigue viviendo de pobreza, mientras que 9 millones se encuentran en pobreza extrema, sino que muestra que la población más vulnerable, que ahora es conocida como grupos históricamente discriminados para definirlos de una mejor manera, es la que tienen mayores carencias de seguridad social y de salud. 

Como ocurre con niños, niñas y adolescentes, donde 6 de cada 10 no cuenta con acceso a la seguridad social, pues depende de la relación laboral de los padres, madres o tutores.

El Coneval comentó que existen brechas en el ejercicio de los derechos entre niñas, niños y adolescentes, población joven y personas adultas mayores, pues al interior de estos grupos las brechas se amplían particularmente en la población indígena, personas con discapacidad y mujeres.

El órgano reconoció que el gobierno ha aumentado los esfuerzos para aumentar la cobertura y alcance de los programas sociales. No obstante su sostenimiento financiero en el mediano y largo plazo requiere del fortalecimiento del sistema tributario a través de medidas progresivas, así como la diversificación de fuentes de ingresos del sistema.

El informe destaca que los programas sociales deben ser vistos como mecanismos que propician las condiciones que contribuyen a asegurar el ejercicio de los derechos sociales, así como inversiones sociales que repercuten en mejores niveles de educación, salud, cuidados, condiciones de vida, innovación y participación laboral que, a futuro, ayudan a incrementar la fuerza productiva y económica del país.

Derivado de este informe, el Coneval subrayó que este análisis proporciona evidencia para la planeación de la política de desarrollo social de la administración federal 2024-2030, por lo que realizó una serie de recomendaciones.

Entre las propuestas, que están dirigidas a diversas dependencias como las secretarías del Bienestar, de Salud, Gobernación, entre otras, está que se incorpore al Plan Nacional de Desarrollo (PND) priorice el gasto en desarrollo social con enfoque en los grupos históricamente discriminados, lo cual también incluye que se garantice la sostenibilidad de los programas sociales, los cuales también deberán aumentar beneficios y cobertura.

El Coneval destacó que es necesario que se adopte una estructura de impuestos progresivos que incremente la carga tributaria sobre los sectores más acaudalados, se definan nuevas vías de financiamiento para el sistema de pensiones y se fortalezca el Sistema de Ahorro para el Retiro para que los ingresos de los adultos mayores sea superior al mínimo.

Sobre la posible desaparición del Coneval, como se propone en la reforma de simplificación administrativa que se discutirá en los siguientes días, José Nabor Cruz Marcelo, secretario Ejecutivo del organismo, comentó que su eliminación implicaría la pérdida de la medición de pobreza multidimensional y del sistema de monitoreo de evaluación de programas sociales en el país.

“Si este país no reorienta sus esfuerzos a través de una estrategia interinstitucional y de complementariedad de política social, cualquier medida de política de bienestar o de política de desarrollo social será inocua hacia el mediano y largo plazo”, dijo.

Guillermo Cejudo, Consejero Académico de Coneval, resaltó que para tomar decisiones sobre el diseño y la operación de las políticas públicas se requiere conocimiento datos y análisis sobre cómo funcionan las intervenciones gubernamentales, qué problemas resuelven, lo cual hace el organismo, sin duplicar tareas con otras entidades gubernamentales.

Resaltó que la política social requiere estar basada en evidencia, no en ocurrencias para crear, cancelar o ampliar un programa social, pero también que evaluar que cada peso del presupuesto garanticen los derechos sociales, cierre las brechas de desigualdad y reduzca la pobreza.