Ciudad de México. Los juzgados noveno, décimo y décimo segundo de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, desecharon dos juicios de amparo y no admitieron otro, presentados en contra de las acciones realizadas por la Comisión de Puntos Constitucionales en lo relativo a la reforma al Poder Judicial, al determinar que los recursos no se consideran casos urgentes, y que no procedían porque esta operación no es válida contra el Poder Constituyente, informó el magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas.

Durante una conferencia en la que también participaron los magistrados Elisa Jiménez, Marco Polo Rosas y Patricia Aguayo, se informó que los tres recursos de amparo fueron promovidos a título individual por el magistrado Reyes Rosas, y en dos de ellos ya presentó recursos de queja, pues él solicitó que se le concediera suspensión contra los actos de la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión Permanente, no así del Poder Constituyente. Sus recursos de queja no serán tramitados de manera inmediata, ya que en estos momentos no se considera que sean casos urgentes.

Por otra parte, los magistrados señalaron que la reforma judicial pretende “dinamitar al Poder Judicial de la Federación (PJF) y ello afectará a toda la sociedad, porque no habrá un juez que haga frente al ejercicio abusivo del poder, y las modificaciones legales que se proponen “no tienen la finalidad de mejorar la justicia sino hacer que naufrague el tercer poder”.

Durante la conferencia de prensa, los integrantes de la Judicatura Federal señalaron que la población desconoce que el 67 por ciento de quienes imparten justicia tienen estudios de maestría y doctorado, además de tener que laborar al menos 13 años dentro del PJF antes de ocupar un cargo al frente de un órgano jurisdiccional.

El magistrado Marco Polo Rosas señaló que otra pretensión de la reforma –cuyo dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y deberá pasar a discusión y aprobación en lo general y en lo particular en los próximos días–, busca “aniquilar la carrera judicial, con ello los derechos lborales de 55 mil trabajadores y busca aniquilar la impartición de justicia”.

Es una nueva vulneración a nuestros derechos laborales, dijo la magistrada Patricia Aguayo, y otra afectación más es la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y con ello, “desapareciendo al Consejo y sustituyéndolo por un tribunal, se genera incertidumbre respecto de todas las prestaciones laborales que han sido una conquista de la base trabajadora”.

Otro cambio más de relevancia mayúscula, dijo Aguayo, es la creación de un tribunal judicial, de “terribles premoniciones, porque pretenden una cacería de brujas para que se sancione a jueces y magistrados y también a la base trabajadora del PJF. Hemos visto claramente cómo en esta administración a cualquier persona que se considera enemigo político de esta administración, se les abren carpetas de investigación y los meten a la cárcel incluso con su familia”.