Aguascalientes, Ags. Contraviniendo una resolución que en agosto de 2023 emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso estatal aprobó ayer una reforma a la Constitución local que redujo de 12 a seis semanas el plazo para acceder a la interrupción legal del embarazo, con penas de uno a tres años de prisión a quien incumpla la norma.

La propuesta fue presentada por la gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel, quien a principios de este año se declaró provida luego de que en diciembre pasado el Congreso tuvo que acatar la instrucción de la SCJN para despenalizar el aborto en la entidad hasta las 12 semanas de gestación.

Después de una ola de reacciones negativas y críticas de grupos conservadores, la mandataria prometió en ese entonces a los inconformes que promovería acciones para proteger el derecho a la vida.

Con 19 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, la 65 Legislatura avaló ayer, en sesión extraordinaria, modificar los artículos 101, 102, 103 y 196 del Código Penal estatal, referentes al tema.

La iniciativa fue presentada el pasado 23 de agosto por los 14 diputados de Acción Nacional (PAN), además de los morenistas Karola Macías, Arturo Piña, Juan Luis Jasso; el petista Fernando Marmolejo; la priísta Verónica Romo, y Genny López, legisladora del Verde.

Los votos a favor de las modificaciones correspondieron a 13 diputados del PAN, tres de Morena, uno del Partido del Trabajo, otro del Revolucionario Institucional y uno más del Verde. En contra sufragaron tres legisladores de Morena y tres del Partido de la Revolución Democrática.

Entre los argumentos que se esgrimieron para hacer esta nueva reforma destacó que el aborto se percibe como una acción que pone en riesgo la integridad de la vida humana y, por ende, debe estar sujeto a restricciones y penalizaciones para salvaguardar este derecho primordial. Desde la perspectiva de salud pública, la prevalencia del aborto puede tener implicaciones para la salud mental y física.

Antes de la votación, el morenista Juan Carlos Regalado externó: Esta es una afrenta grave a los derechos humanos y debería darnos vergüenza como legislatura que en la SCJN seguramente tienen toda una bodega de las miles de acciones de inconstitucionalidad de las que este Congreso ha sido parte durante muchos años.

El diputado añadió que seguramente esta iniciativa muy pronto será desechada por la SCJN porque también es violatoria de las libertades y de todos los tratados internacionales que México ha suscrito.

Antes y durante la discusión del tema, grupos defensores de derechos humanos se manifestaron fuera del recinto legislativo, los cuales reclamaron que con esta decisión los legisladores locales castigan, criminalizan y obstaculizan el pleno ejercicio de uno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como de las personas gestantes.

Integrantes de colectivos feministas lanzaron consignas como En mi cuerpo mando yo, Retrógradas, Respeten los derechos humanos y Desacato. Además portaron pancartas entre las que se leía: ¿Y la de no estarse limpiando el culo con nuestros derechos no se la saben?, Aborto seguro, informado, acompañado y libre, Legislador, yo apoyé a tus hijos en la clandestinidad.

El Congreso fue resguardado por cerca de 100 policías estatales que se apostaron en el acceso del Palacio Legislativo, sobre la avenida Madero, la cual fue cerrada al paso vehicular en su cruce con la calle Morelos por una docena de patrullas, así como medio centenar de motocicletas de la policía preventiva.

En redes sociales, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) recordó que hace un año la SCJN resolvió un amparo presentado por esta organización, así como por Cecadec, Terfu, CultivandoAc y Help Morras para impugnar las normas que tipificaban el delito de aborto en Aguascalientes y determinó que era obligación del Congreso del estado eliminar los artículos que lo criminalizaban.

Agregó que a finales de 2023 la Legislatura cumplió con la sentencia. Pero hoy, en lugar de celebrar el aniversario de un avance, estamos enfrentando un retroceso en los derechos reproductivos, recalcó.