La crítica política se ha transformado en un sinnúmero de adjetivos. Las descalificaciones por apetencias sexuales, fobias, gustos culinarios, descendencia, estatura, tatuajes, cortes de pelo, han sustituido el argumento. En otros términos, el debate busca inhabilitar a las personas en lugar de contrastar la palabra dada, con los hechos. Es irrelevante si el presidente, sus ministros y cargos públicos son partidarios de la liga antitabaco o antiabortistas. Por contra, si les descubren fumando y practicando el aborto, deja de ser superfluo. Están vulnerando la confianza y dignidad de quienes les votaron. Al hacerlo, están renunciando a los principios declamados. Es el caso del gobierno chileno. Veamos los hechos.
Gabriel Boric es el presidente con el mayor grado de desaprobación, por debajo de Sebastián Piñera. Según la encuesta Cadem (mayo, 2024), la más prestigiosa en Chile, el apoyo entre los suyos baja de 30 a 24 por ciento y el hastío de la población con su gobierno llega a 70 por ciento. Han roto su palabra y extraviado la dignidad en mor del pragmatismo. Prometieron una nueva Carta Magna elaborada por constituyentes elegidos directamente y acabaron delegando a un grupo de expertos su redacción, rechazada en referendo.
Su gobierno juró que no habría desalojos de los pobladores sin antes solucionar el problema habitacional. Los hechos: promulgaron la ley Nain-Retamal, cuyo efecto fue enviar carabineros a desalojar a 200 familias asentadas durante cinco años en Cerro Navia, criminalizando al movimiento de pobladores. Su ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes Cisterna, justificó el uso de la violencia, considerando a los pobladores, usurpadores de la propiedad privada. Las consecuencias: destrucción de la escuela popular, biblioteca, centro deportivo y encarcelamiento, sin recurso de habeas corpus, a sus dirigentes.
Sigamos. La salud de los chilenos, en 25 por ciento, está en manos de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), grupos privados de seguros. En 2024, el gobierno les condona 1.155 millones de dólares estafados a sus afiliados, por cobro indebido. Entre las beneficiarias, Cruz Blanca, Banmédica, Consalud, Colmena, Vida Tres o Nueva Masvida.
Continuemos. Las compañías hidroeléctricas han decidido unilateralmente subir los precios, en junio 20 por ciento, y para octubre, 40 por ciento, aduciendo una deuda del Estado que debe ser redimida. La ministra secretaria general del Gobierno, Camila Vallejo, justificó el alza: “El Estado no tiene musculatura para remplazar la labor de las distribuidoras eléctricas […] y la participación del Estado no es una solución”. El ministro del ramo, Diego Pardow, sentenció: no habrá política de subsidios a las familias más vulnerables.
Más hechos. En Chile, excluidas las fuerzas armadas y carabineros, el sistema de pensiones está en manos de fondos privados. El gobierno, en boca de su ministro de Hacienda, Mario Marcel, ex presidente del Banco Central de Chile con Sebastián Piñera, ha dejado claro que no permitirá retirar 10 por ciento de los fondos para que las familias puedan cubrir sus necesidades básicas, asumiendo el argumentario de las financieras que especulan con dichos fondos.
Suma y sigue. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá Morales, se adhiere a la política represora del anterior gobierno, contradiciendo sus declaraciones emitidas antes del triunfo del Frente Amplio. Hoy mantienen la militarización y estado de excepción en el Wallmapu, deteniendo a dirigentes mapuches, bajo la aplicación de ley antiterrorista.
Asimismo, el ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, apoyándose en leyes de la dictadura y la acción espuria de fiscales, acusa al portavoz de la Coordinadora AraucoMalleco, Héctor Llaitul Carrillanca, de terrorismo en un juicio amañando con testigos falsos, rechazando el traslado de la cárcel de Concepción a la cárcel de Temuco, violando el convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos originarios, firmado por Chile. Llaitul suma 78 días huelga de hambre entre líquida y seca.
La Corte Suprema a instancias del gobierno ha vuelto a denegar su solicitud de traslado. Por otro lado, la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, contradiciendo el programa de gobierno sobre la búsqueda de los desaparecidos en actos perpetrados por militares y carabineros, da por buenas sus declaraciones: “No desconfío de que las fuerzas armadas hayan entregado toda la información en casos de violación de derechos humanos”.
Una más. El gobierno en pleno hurtó el debate parlamentario sobre las condiciones socioeconómicas y políticas, de la firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea. Entre otras: ceder a las trasnacionales de la UE una parte en la minería del litio y tierras raras. Facilitar la instalación de energía eólica a las compañías europeas en condiciones cuasi de monopolio. Igualmente, las empresas del big data están exentas de impuestos. Sus empresas agroindustriales usarán sus plaguicidas y pesticidas. Bayer y Syngenta tienen carta blanca para emplear agrotóxicos prohibidos en la UE.
Y en el orden de la seguridad hemisférica, Chile se compromete en asumir la estrategia de defensa de la OTAN. Además, las empresas de la UE podrán demandar al Estado en los tribunales del Ciade y el Banco Mundial en caso de ver afectadas sus inversiones. Y la guinda del pastel: Constanza Martínez, presidenta del nuevo partido Frente Amplio, dicta sentencia sobre el significado de su estrategia. “Tenemos que pensar en una izquierda que le hable a las nuevas realidades y que no tenga una mirada de pasado, que no añore un pasado que pareciera mejor, pero que realmente fue el que produjo este nivel de crisis que hay actualmente”.
En concreto, como señaló Boric: la Unidad Popular y su presidente, Salvador Allende, fueron corresponsables del golpe de Estado. Ahí desnudan sus vergüenzas. No hace falta recurrir a insultos y descalificaciones. Con analizar sus hechos es suficiente para mostrar su indignidad.
