La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortó al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación (PJF) a suspender el salario de jueces y magistrados que se encuentren en paro laboral, así como publicar sus nombres, pues han abandonado su responsabilidad como impartidores de justicia.

El diputado de Morena Alberto Martínez Urincho aseguró que es indispensable que la ciudadanía conozca quiénes se oponen a la erradicación de la corrupción en la justicia; además, no pueden exculparse de su función, sino por las causas que la propia ley establece.

El punto de acuerdo aprobado indica que los administradores de justicia no solamente deben pensar en la ética de su profesión, sino ser algo más que un autómata pusilánime, por lo que los insta a evaluar y redefinir los ideales y principios sobre los cuales se basan sus acciones.

La proposición, aprobada con carácter urgente y de obvia resolución –con la mayoría de votos de Morena–, establece que se retenga o en su caso disponga de la devolución de los salarios únicamente de jueces y magistrados federales que se encuentren en paro, y se determinen además sanciones y amonestaciones administrativas y éticas por abandono de su empleo, cargo o comisión.

Durante la discusión del punto de acuerdo, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, de la asociación parlamentaria Izquierda Liberal, consideró que este punto de acuerdo es un llamado a misa porque el Consejo de la Judicatura ha apoyado la huelga en contra de la reforma judicial. No obstante, Martínez Urincho aseguró que existe responsabilidad pública y política, por lo que se requiere exhibir las corruptelas y demostrar el espíritu de mala fe y voluntad que tiene este Poder Judicial.

Habrá un quinto extra

Por otra parte, el pleno de la Permanente avaló celebrar el quinto periodo extraordinario este miércoles, y aprobó dos licencias definitivas, la de Víctor Hugo Lobo y la de Mónica Fernández.

En otro tema, partidos políticos de oposición impugnarán ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –última instancia en materia electoral– la resolución emitida por la sala regional que avaló la repartición de diputaciones plurinominales en el Congreso local, al considerarla una aberración.

El panismo, que ha defendido al Poder Judicial de la reforma federal, aseguró que los magistrados se vendieron a Morena, pues “ya les entró el temor del denominado plan C”. Movimiento Ciudadano sostuvo que se trata de una trampa de los morenistas para hacer menos los votos de la oposición, y el PRI acusó a la sala regional de aprobar una sobrerrepresentación a favor del partido oficial.