Los llamados vuelos de la muerte representaron un método sistemático y organizado de exterminio durante la guerra sucia en el estado de Guerrero, confirmado por declaraciones de personal militar, por lo que constituyen delitos de lesa humanidad, concluyó Karla María Macías Lovera, titular del juzgado noveno de distrito, con sede en Irapuato, Guanajuato.

Documentos militares refieren el lanzamiento de aproximadamente mil 500 víctimas al mar por medio de esas prácticas, señaló la jueza en su sentencia, dictada apenas el 22 de agosto, en un juicio de amparo promovido en 2018.

El fallo se convirtió en un mandato para que la Fiscalía General de la República (FGR) atienda las omisiones cometidas en la indagatoria de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, un activista guerrerense que formó parte del grupo de Lucio Cabañas y fue detenido, torturado y víctima de desaparición forzada por integrantes del Ejército en 1974.

La sentencia es la primera en la que se demuestra la existencia de documentos y testimonios conocidos hace más de 20 años que acreditan que el gobierno cometió terrorismo de Estado en las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, en las acciones realizadas contra grupos guerrilleros que operaban en el país.

Una revelación de la sentencia es que los vuelos de la muerte quedaron registrados en libros (bitácoras), de los cuales se enviaban copias a las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional.

Las ejecuciones

En la averiguación previa militar SC/034/2000/V/E/BIS consta el siguiente testimonio del integrante del segundo Batallón de la Policía Militar Gustavo Tarín Chávez: A veinte metros de una pequeña construcción dentro de la misma base (Aérea Militar Número 7, en Pie de la Cuesta, Guerrero), a la orilla de la playa, tenían un banco de fierro tipo giratorio, una carretilla, costales, bolsas de plástico, hilos para coser los costales y un montón de piedras.

Y luego detalla el momento de las ejecuciones:

“Los guerrilleros, atados y vendados, eran bajados de una camioneta Chevrolet Van, color café, que tenía capacidad como para 15 personas y eran conducidos una a uno hasta el banquito de fierro que conocíamos como el banquito de los acusados, y ya en este lugar se les sentaba con la creencia de que se les iba a fotografiar. Y así, ya sentados, los que ejecutábamos Mario Arturo Acosta Chaparro, Alfredo Mendiola, Alberto Aguirre I. Quintanar y Humberto Rodríguez Acosta, de un disparo en la nuca con una pistola calibre .380, que tenía adaptado un ‘moflecito’, es decir, un silenciador. Inmediatamente después se les colocaba sobre la cabeza una bolsa de nylon que se les ataba al cuello para evitar quedaran restos de sangre. Siempre se utilizó la misma pistola .380 para las ejecuciones, tan es así que la bautizamos como la espada justiciera”.

El agente de la Policía Federal Rubén Gardea Vara “también ejecutó personalmente a dos o tres ‘guerrilleros’ en la Base Aérea Militar Número Siete, lo cual le consta tanto al sargento primero de Infantería Alfredo García, como a los sargentos segundos de la Policía Militar conocidos como La Carona y La Tripa”.

Tarín agrega: Una vez que se realizaba este procedimiento, se colocaba a las personas dentro de los costales de yute, se les ponían unas piedras y se cosían, para después ser transportados en la carretilla hasta el avión. Mientras se realizaban las ejecuciones, normalmente entre las 22 horas y las 4 o 5 de la mañana, el personal militar que normalmente custodiaba la base aérea era trasladado a las instalaciones de la vigesimaséptima Zona Militar, y en su lugar llegaban elementos de la Policía Militar que habían participado en la lucha contra la guerrilla.

Registro de vuelos

En 1974 o 1975, declara Tarín, se percató de que el sargento segundo de la Policía Militar conocido como La Carona llevaba el control de los libros que contenían los nombres de las personas que eran ejecutadas en la Base Aérea Militar Número 7 por órdenes del general Francisco Quirós Hermosillo.

Tarín aporta la siguiente descripción de los libros: de pastas gruesas, color negro, tamaño carta, de aproximadamente 100 hojas cada uno. La Carona anotaba todos los datos de quienes iban a ser ejecutados, como sus nombres, apodos, fechas de nacimiento, lugar de su detención y a qué grupo pertenecían.

Relata que después de que La Carona anotaba esos datos en dos libros, se los entregaba al general Quirós Hermosillo. Pero en realidad era Alberto o Roberto Barquín quien tenía la custodia de esos libros.

Los testimonios y documentos forman parte de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007, de la averiguación previa del fuero militar SC/034/2000/V/E/BIS, del informe final de actividades de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero, del 15 de octubre de 2002 y en las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP7001/2002 y PGR/FEMOSPP/69/2002.

Ante la justicia castrense

La confirmación de que la justicia militar conoció de manera directa esta información fue corroborada en una diligencia realizada por la Procuraduría General de Justicia Militar el 27 de junio de 2001 ante esa jurisdicción, en la que “dio fe ministerial de las siete bitácoras del avión Arava matrícula 2005, que pertenecía al Escuadrón Aéreo 208, con el cual habrían sido arrojadas personas al mar:

Se trata de siete libretas de tamaño carta encuadernadas en forma apaisada y en cuyas carátulas aparece la denominación REPORTE DE VUELO (sic), así como instrucciones para los pilotos y mecánicos de la aeronave de que se trate, dándose también fe de que las bitácoras se encuentran integradas por dos tipos de hojas que se encuentran intercaladas y sin folio, corresponde una de ellas al reporte de mantenimiento y la cual se utiliza para anotar rubros como los estados de inspección, servicio en la estación de salida, inspección de equipo auxiliar, observaciones de pilotos y mecánicos y al calce de la hoja se anotan los datos de la fecha, lugar, mecánico del avión, dependencia, grupo, modelo y número del avión, los datos del avión y el tiempo total de vuelo, mientras la otra hoja corresponde a las operaciones, apreciándose que en la parte superior se anotan los datos de la fecha, dependencia, grupo, escuadrón, estación, mecánico encargado, tipo y modelo del avión, así como su número, y ya en el cuerpo de la hoja, la cual se divide en nueve columnas, en la primera de las cuales se anota grado y nombre de la tripulación de vuelo que se trate; en la segunda columna, la clase de vuelo; en las columnas de la tercera a la séptima se anota el tipo de comisión y condiciones de vuelo, aunque en las bitácoras que nos ocupa se aprecia que en el espacio de dichas columnas aparecen anotadas las fechas de los vuelos; en la octava columna se anotan los datos del vuelo tales como el lugar de destino y de procedencia, el tipo de misión y el número de aterrizajes; en tanto que en la novena columna se anota los horarios de los vuelos y el tiempo de su duración.

Soldados también fueron pasados por las armas

El capitán mecánico Margarito Monroy Candia compareció el 28 de junio de 2001 para que identificara en las bitácoras del avión Arava 2005 los vuelos realizados para arrojar cuerpos de personas al mar.

Reveló que estas acciones no sólo se aplicaron a integrantes de la guerrilla, sino también para castigar la indisciplina y la insubordinación de quienes manifestaban su desacuerdo con las órdenes recibidas.

Algunas veces llegué a ver militares que eran detenidos y ejecutados, que según se habían pasado al bando de los de la Liga 23 de Septiembre y habían sido sorprendidos en eso, de los que recuerdo eran jefes, oficiales y personal de tropa, pero no me enteré de sus nombres; recuerdo el caso de un paracaidista que se había volteado de bando y que fue detenido y lo llevamos de aquí (Distrito Federal) a Guerrero, él decía que ya sabía que lo íbamos a matar, lo cual efectivamente sucedió.