En la mañanera del 9 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no hay carpetazo” al desastre ambiental ocasionado el 6 de agosto de 2014 por el derrame de sustancias tóxicas provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del magnate Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. Ese fatídico día la citada mina derramó unos 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado al arroyo Tinajas, que alimenta al río Bacanuchi, a su vez afluente del río Sonora. Provocó así el peor desastre ambiental en la historia de la industria minera del país.
Este mes se cumplió una década de dicha tragedia. El mandatario sostuvo que hay una denuncia penal en Sonora y en la Fiscalía General de la República, pues no fue un derrame accidental, sino la negligencia de los responsables de la mina. Lo mismo aseguró en esa mañanera, María Luisa Albores, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Detalló los obstáculos y logros alcanzados para hacer justicia a los pobladores de la región y al ambiente; y que por diversos medios la empresa busca incumplir sus obligaciones.
A 10 años de la tragedia, el jueves pasado se presentó en Hermosillo, Sonora, el libro El desastre minero en el río Sonora: alcances de los estudios sociales, publicado por El Colegio de Sonora, prestigiosa institución de enseñanza e investigación. Dicha publicación es fruto del trabajo multidisciplinario de 14 especialistas, coordinados por Rolando Díaz Caravantes y José Luis Moreno Vázquez. Ellos ofrecen el balance más pormenorizado sobre el derrame y sus consecuencias. Y, algo central: la falta de respuesta adecuada y justa por el Estado y la empresa hacia las poblaciones afectadas (la mayoría de bajos recursos) y al ambiente en que viven.
Un ejemplo de lo anterior es el estudio toxicológico realizado por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades a mil 504 personas de diversas localidades del río Sonora. Lo divulgaron en 2022. En dicho estudio se encontró, entre otros datos, plomo en orina en más de 90 por ciento de la población muestreada; arsénico en más de 50 por ciento; cadmio en más de 80 por ciento, y plomo en la sangre en más de 70 por ciento de todas las personas examinadas. Hasta el año pasado, las instancias de salud pública no habían planteado alguna alternativa satisfactoria a fin de atender a esas personas.
Por otra parte, los autores revelan que en la cuenca del río Sonora escasea el recurso hídrico, en comparación con la de los ríos Yaqui y Mayo. Llueve poco mientras la extracción de agua es elevada; el Sonora tiene un caudal reducido en buena parte de su longitud y, por todo lo anterior, las presas poca agua.
Muy grave es esta situación, porque el Sonora es la única fuente de agua superficial para organismos acuáticos y terrestres. Además registra una preciada biodiversidad con especies endémicas amenazadas. A ello se suma que casi 80 por ciento del agua de la cuenca del río proviene de fuentes subterráneas. Pero de los 10 acuíferos de su cuenca, cinco están sobrexplotados para dotar a la agricultura, a la ciudad de Hermosillo y a la minería del área de Cananea.
En este último aspecto los autores señalan que la minería tiene concesionadas en Sonora más de 5.7 millones de hectáreas, equivalentes a 30.4 por ciento de la superficie de la entidad. Si se explotaran todas las áreas mineras concesionadas tendría devastadores efectos socioambientales. De esos fundos mineros, en 2014 seis se ubicaban en el área de influencia de la cuenca del río Sonora. La más importante: Buenavista del Cobre, la quinta mayor productora de dicho metal a escala mundial.
Esta empresa lleva más de un siglo deteriorando, acaparando y reduciendo las fuentes de agua en la entidad. José Luis Moreno documentó que en 1990 disponía de 62 pozos de los que extraía 28 hectómetros cúbicos al año. Pero en 2020, fueron 135 en un mayor número de acuíferos. Así, el volumen concesionado asciende hoy a 63.9 hectómetros cúbicos, cantidad tres veces mayor que hace 34 años. El resultado: un imperio minero basado en el acaparamiento del agua y que se consolidó en la actual administración federal.
No son los anteriores las únicas muestras de negligencia oficial en torno al desastre. Hay muchas más, como lo señalan en el libro los investigadores de El Colegio de Sonora y que resumiré el lunes próximo.
