El último tramo del actual gobierno está llevando al país a una situación extrema. No es ninguna sorpresa, pues el proceso está en curso desde hace seis años. Un breve recuento de los hechos indica que el plan A del gobierno, de abril de 2022, y enfocado en esencia a la reforma electoral, no resultó como se esperaba ya que no prosperó en el Congreso. En el plan B, de noviembre de ese mismo año, la cuestión se abordó mediante un paquete de reformas a las leyes secundarias y la modificación del sistema electoral. En la Cámara de Diputados las medidas propuestas se aprobaron con cambios y el presidente señaló que habrían de hacerse modificaciones y en febrero de 2023 el plan B se aprobó en la Cámara de Senadores. En mayo de ese mismo año la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la primera parte del plan B con lo que se impulsó el plan C, anunciado en marzo de 2023. En él se planteó explícitamente que en las elecciones federales de 2024 el partido Morena ganara la Presidencia y consiguiera las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado para asegurar, al final del sexenio, los pretendidos cambios políticos y legales, con las consiguientes reformas a la Constitución.

El proceso está hoy en pleno curso. Morena ganó la Presidencia; el INE ha avalado la mayoría de 364 diputaciones federales (236 de Morena, 77 del Partido Verde y 51 del Partido del Trabajo) que, con holgura rebasa los 336 votos necesarios para aprobar en esa cámara las reformas constitucionales que se han propuesto. En el Senado, Morena y los partidos Verde y del Trabajo tendrán 83 curules, dos menos de lo requerido para una mayoría calificada; situación que podría ser de fácil resolución. Esto es el “carro completo”, al que aludió el presidente en el plan C; un término con una alta carga negativa en la historia política del país del siglo XX.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados trabaja a todo vapor, sin óbice, para conseguir a tiempo las reformas que alienta el Presidente. El pasado 23 de agosto la comisión emitió el boletín No. 7111 que a la letra dice que se aprueban las reformas para extinguir siete órganos autónomos, que son: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoradu); la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH). Sus funciones pasarían a dependencias del Gobierno Federal o al Inegi.

Todo el control pasa al gobierno. Lo que se consiguió en materia de contrapesos ciudadanos frente al gobierno, una de las premisas básicas de un sistema democrático, se ha desmantelado en un solo acto, de un plumazo, por los representantes de los ciudadanos.

El gobierno concentrará de nuevo un conjunto enorme de cuestiones que considera no sólo innecesarias, sino simplemente estorbosas; a ellas ha de agregarse el control sobre el INE. Se constriñen, así, a pesar de lo que se afirma oficialmente, los espacios que por derecho adquirió la sociedad, aquellos que tienen que ver esencialmente con las limitaciones del poder. Se restringe el derecho a saber lo que hace el gobierno en distintas materias de gran relevancia; se restringe el derecho inalienable a la información; se suprime la responsabilidad básica de quien gobierna de rendir cuentas a la sociedad. En la vida de las mujeres y los hombres nada es perfecto, pero las condiciones son mejorables. En la sociedad pasa lo mismo y la política abierta, esa que se asocia con la democracia y con la libertad, es una condición que no debe ser menguada. Una de las expresiones más relevantes de la coexistencia social es la limitación del poder de quienes gobiernan. Hay muchos ciudadanos que creen que todo este desmantelamiento está justificado, ese es el mensaje que se ha recibido repetidamente durante años, pero la concentración del poder que está en curso finalmente afecta de modo adverso a todos.

Sobre la mesa está el gran asunto de la reforma del Poder Judicial. El mejoramiento de las instituciones del Estado es siempre posible y necesario, sobre todo en materia de procuración de justicia. En este proceso lo que se advierte es una decisión de emprender unilateralmente la reforma y crear los instrumentos y procedimientos que la definirán; en esto no hubo consulta alguna, como en el caso del Aeropuerto de Texcoco. Esto ocurre en el marco de una enorme concentración de poder.

La propuesta es la elección popular de los ministros de la Suprema Corte y de jueces y magistrados de la Federación y de los 32 estados. Los candidatos a estos puestos serán postulados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que conformarán comités de evaluación para definir a los aspirantes y seleccionarlos. Si en el caso de los legisladores, por ejemplo, el conocimiento de los candidatos por parte de los ciudadanos es muy limitado, si no es que inexistente, y la rendición de cuentas ante los electores no existe, habría que pensar lo que significa trasladar este esquema a la procuración de justicia. Con qué criterios funcionales escogen los ciudadanos a los jueces. En las condiciones políticas actuales Morena contaría con una capacidad predominante para formar los comités y aprobar a los candidatos. Además, el voto popular se usaría también para crear un Tribunal de Disciplina Judicial que supervisará y evaluará a los jueces. En el entorno actual Morena tendrá un control de facto para integrar el sistema judicial, su estructura y operación. Esto es lo que significa la captura política del Poder Judicial.