Como recientemente reportó La Jornada de Oriente (20/8/23), el conglomerado canadiense Almaden Minerals y Almadex minerals (Almaden), que pretendía explotar yacimientos de oro y plata en el municipio de Ixtacamaxti tlán, en la sierra Norte de Puebla, interpuso finalmente en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, su anunciada demanda contra México por 200 millones de dólares, por la cancelación de las concesiones que ordenó el gobierno mexicano el año pasado (https://tinyurl.com/2ynfr7xs).
Almaden anuncia en su página que “ha iniciado un procedimiento de arbitraje internacional contra México en virtud del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés)”, alegando que “México incumplió sus obligaciones mediante acciones que bloquearon el desarrollo del proyecto Ixtaca y, en última instancia, rescindieron retroactivamente las concesiones mineras de la empresa, causando la pérdida de sus inversiones en México” (https:// tinyurl.com/dzmkbx4r). Según Almaden, “desde que empezamos a explorar la zona en 2001, hemos establecido relaciones a largo plazo y nos hemos implicado activamente en la salud y el bienestar social de la comunidad”.
La realidad es muy distinta. Desde 2017 activistas mexicanos y canadienses se manifestaron ante la sede de Almaden en Vancouver contra la ejecución del proyecto minero, porque “generará daños irreversibles a los derechos al agua y la salud de las más de 25 mil personas que lo habitan, así como al ecosistema de la región”. Desde entonces Ignacia Serrano, lideresa de comunidades afectadas, dijo que “a los inversionistas les pedimos que se desistan de seguir invirtiendo en el proyecto minero … porque su inversión está en riesgo. La empresa les ha mentido, ya que no les ha comentado los procesos de resistencia y tampoco de las acciones legales para defender la vida de las comunidades de Ixtacamaxtitlán”. Kate Murray, de la organización Mining Justice Alliance, dijo que “lo que escuchamos de los habitantes de Ixtacamaxtitlán no es una historia desconocida. Nuestra organización recibe regularmente informes de daños humanos y ambientales asociados con proyectos mineros canadienses, muchos con sede en Vancouver” (https:// tinyurl.com/4sh9283k). Ver “Luchar contra el despojo, la historia de Ixtacamaxtitlán, por Alejandro Marreros Lobato, La Jornada del Campo, 15/10/22).
La demanda de Almaden es la segunda contra México por empresas canadienses (la otra es de Caisse de Dépôt et Placement du Québec, etcétera) bajo el eufemísticamente llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que en realidad es un tratado de libre comercio en toda su extensión para dotar de privilegios a trasnacionales (https:// tinyurl.com/32c9hzc2). Además de México y Canadá, lo conforman Australia, Brunei Darussalam, Chile, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El rechazo de Donald Trump de que EU ratificara el CPTPP le ayudó a ganar votos de población trabajadora en 2016. En México fue negociado por el mismo equipo neoliberal de Ildefonso Guajardo, firmado en Nueva Zelanda en 2016 y fuimos el primer país de los 11 en ratificarlo, a través del Senado (LXIII legislatura de mayoría prianista) el 24/4/18 (https://tinyurl.com/553cekpz).
Se ha abierto un proceso de revisión del CPTPP mediante el cual se espera un informe final del Grupo de Coordinación de la Revisión General que se presentará con recomendaciones a altos funcionarios para su debate y confirmación en 2025 a más tardar (https://tinyurl.com/ mrxperrj).
El gobierno canadiense ha realizado una consulta pública como parte de la revisión general del CPTPP. El Centro Canadiense de Políticas Alternativas (CCPA) proporcionó un documento con propuestas en torno a cómo alinear el capítulo de inversiones del CPTPP con el Acuerdo Climático de París, además de otros temas como la protección de los pueblos indígenas, reforzar el capítulo laboral y eliminar reglas de propiedad intelectual que amenazan a los sistemas de salud pública (https://tinyurl.com/3pxv8wbs).
Stuart Trew, del CCPA, dice que “lamentablemente, las disposiciones sobre inversiones del capítulo 9 del CPTPP entorpecen los esfuerzos de los gobiernos para encarar las crisis climática y de biodiversidad”. En efecto, el capítulo de inversiones del CPTPP, al igual que el de otros tratados de comercio y de inversión, otorga a inversionistas extranjeros derechos especiales para proteger sus activos demandando a los países ante tribunales arbitrales privados como el Ciadi cuando se ven afectados por leyes, reglamentos y otras decisiones que consideren que limitan sus ganancias esperadas.
El CCPA resalta en su documento arriba citado que uno de los primeros casos de demandas bajo el sistema de resolución de controversias inversionistaEstado (ISDS, por sus siglas en inglés) iniciados en el marco del CPTPP es, precisamente, el de Almaden Minerals y Almadex Minerals contra México, que “surgió después de que la Suprema Corte de México determinó que no se había consultado adecuadamente a las comunidades indígenas locales sobre un proyecto de extracción de oro y plata y que éstas no habían dado su consentimiento libre, previo e informado”. El CCPA propone también actualizar el CPTPP para proteger los derechos de los pueblos indígenas como figura ya en el artículo 32.5 del T-MEC.
El Ciadi recién publicó sus estadísticas de casos de demandas ISDS para el año fiscal 2023-24 y México ocupa el primer lugar, de manera desproporcionada, con nueve demandas en contra tan sólo en ese periodo (https://tinyurl. com/44svww5v). Éstas se suman a las 21 demandas pendientes en el Ciadi contra México por al menos 13 mil millones de dólares (casi la mitad por empresas mineras) que serán heredadas por el gobierno de Sheinbaum, el cual deberá hacer una seria revisión de los tratados firmados por administraciones neoliberales, en particular el T-MEC y el CPTPP, y eliminar de ellos el caduco sistema de demandas inversionista-Estado.
*Institute for Policy Studies (ips-dc.org) y Transnational Institute (tni.org)
