La aprobación de la reforma que regula el incremento de las rentas de viviendas en la Ciudad de México es apenas un paso muy pequeño de lo que el gobierno tiene que trabajar para garantizar a la ciudadanía el acceso a vivienda, advirtió la académica de la UNAM Abril Jiménez Garrido.

La maestra especialista en derecho explicó que la crisis de vivienda en la capital no se resuelve únicamente con esta modificación a la ley, pues aún hay muchísima gente que se encuentra en estado de indefensión por acceder a una vivienda debido a los altos costos y a la falta de créditos accesibles.

De acuerdo con legisladores locales, la raíz de la problemática de carencia de vivienda en la capital es tal que existen 2 millones 700 mil viviendas, pero faltan 800 mil para satisfacer la demanda.

Si bien la profesora aseguró que la reforma apoya la economía de las personas que menos recursos tienen, prevé también una afectación económica a los propietarios, quienes requieren solventar cuestiones de mantenimiento de los bienes arrendados, cuyo costo podría ser mayor al porcentaje de inflación, que es el nuevo tope de incremento anual fijado en la reforma avalada la semana pasada por el Congreso.

Además, con esta modificación, prevé que pueda incrementarse la demanda de vivienda en renta, lo que eventualmente generaría un desequilibrio que tendría que resolverse con un programa de urbanización y otorgamiento de créditos de vivienda accesibles.

Desgraciadamente, los salarios son mínimos en comparación con los costos de la renta o compra de vivienda; son gastos bastante enormes que el ciudadano tiene que cubrir y deja a un lado necesidades prioritarias como salud, alimentación y educación, que deben ser parte yugular que el Estado debe garantizar en todos y cada uno de los niveles de gobierno, apuntó la académica.

Datos de la consultora inmobiliaria Softec refieren que el costo promedio de vivienda nueva en la ciudad ronda en 4.5 millones de pesos.

Precisamente, diputados explicaron que los altos precios han provocado el desplazamiento y la expulsión de los capitalinos a las zonas periféricas de la capital. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2015 a 2020, unas 248 mil personas dejaron de habitar la ciudad a consecuencia de una migración interna.

Nuestra Constitución prevé que todos los ciudadanos de este país tienen que tener una vivienda digna y decorosa; lamentablemente, hemos fallado en ese sentido. Se tiene que trabajar en la generación de créditos más accesibles, construcción de vivienda con expertos en urbanización, porque tampoco podemos construir al vapor, resaltó la maestra Jiménez.