Por primera vez en la historia de México, un juzgado federal determinó que en la lucha contra los grupos guerrilleros, particularmente en el estado de Guerrero, el gobierno mexicano cometió terrorismo de Estado y por ello ha ordenado a la Fiscalía General de la República (FGR) que ejercite acción penal contra las autoridades civiles y militares de los años 70 y 80 vinculadas a esas acciones en aquella entidad.

El origen de esta sentencia es la interposición en 2018 de un juicio de amparo para que se investiguen las omisiones cometidas en la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007 en torno a la búsqueda y localización de Rosendo Radilla Pacheco (desaparecido por elementos del Ejército el 25 de agosto de 1974), y que se ordene el desahogo de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Durante los años 70 y 80 del siglo pasado, el gobierno federal realizó acciones de contrainsurgencia y cometió violaciones graves a los derechos humanos en diversas zonas del país, entre ellas la desaparición forzada de cientos de personas, utilizando para ello los llamados vuelos de la muerte, desde la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero, que consistían en tirar al mar los cuerpos de opositores, luego de que fueron sometidos a tortura y ejecutados por militares.

El juzgado determinó que existen pruebas que acreditan la existencia de responsabilidades, en calidad de perpetradores, del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, así como de militares que aún están vivos y participaron en esas acciones, uno de los cuales llegó incluso a ocupar la titularidad de la Defensa Nacional durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el general Enrique Cervantes Aguirre, que en ese entonces ostentaba el grado de capitán.

En la sentencia dictada el pasado 22 de agosto por Karla María Macías Lovera, titular del juzgado noveno de distrito con sede en Irapuato, Guanajuato, se señala que han existido omisiones e indolencias gubernamentales para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de detenciones y ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones a mujeres y niños, como parte de una acción sistemática, así como la existencia de prisiones clandestinas y los llamados vuelos de la muerte, además de que existen documentos oficiales que prueban de manera suficiente la culpabilidad de las más altas autoridades militares y civiles en estos sucesos.

En la resolución judicial, de la cual posee copia La Jornada, se señala que existen pruebas que acreditan la utilización de medios violentos, como bloqueo de suministro de víveres (...), desplazamiento forzado de la población y destrucción de comunidades enteras en el periodo de 1971 a 1984.

Acción sistemática

Las conclusiones de la juzgadora fueron con base en los documentos que integran diversas averiguaciones previas iniciadas tanto en la justicia militar como federal relacionadas con casos de desaparición forzada durante la guerra sucia, pero que fueron dispersadas y no analizadas en su conjunto.

Se demuestra que la violencia ejercida por las fuerzas armadas durante la represión en Guerrero no fue el resultado de acciones aisladas o decisiones individuales, sino parte de un patrón sistemático, planeado y dirigido desde los niveles más altos del mando militar y que ello fue del conocimiento del presidente Luis Echeverría Álvarez (fallecido el 8 de julio de 2022) en su calidad de mando supremo de las fuerzas armadas.

En el análisis de información documental y testimonios que obran en causas penales como la instruida contra los generales Francisco Humberto Quirós Hermosillo (fallecido el 19 de noviembre de 2006) y Mario Arturo Acosta Chaparro (asesinado el 20 de abril de 2012), se acredita que integrantes del Ejército declararon ante la justicia militar que en los vuelos de la muerte fueron arrojados al mar mil 500 opositores que formaban parte del grupo guerrillero que encabezó Lucio Cabañas Barrientos.

La sentencia de 665 páginas señala textualmente: Numerosos testimonios de ex militares que trabajaron en la Base Aérea Militar Número 7 de Acapulco, Guerrero, confirman la existencia de esta práctica (...) describen cómo las víctimas, a menudo con los ojos vendados y las manos atadas, eran trasladadas a la base, ejecutadas con disparos en la nuca, y luego arrojadas al océano desde un avión.

El resolutivo judicial revela que se elaboraron bitácoras de vuelo que documentan los horarios y la tripulación que participó en los vuelos de la muerte, la participación de altos mandos militares que también coordinaban estas operaciones.

La jueza sostiene con base en las pruebas que se le entregaron que ha existido omisión de investigar con seriedad y profesionalismo y que se trató de una estrategia de encubrimiento gubernamental.

La sentencia también ordena que la FGR dé vista a su Fiscalía de Asuntos Internos para que investigue y se sancione a los fiscales que han incurrido en omisiones en este tema, desde 2011 a la fecha; que se creen espacios para la memoria en la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, en las instalaciones del Segundo Batallón de Policía Militar en el Campo Militar número 1 y ordena que todos los cabildos del país y autoridades federales retiren los símbolos conmemorativos, fotografías, estatuas, nomenclaturas de vialidades que honren o enaltezcan a quienes integraron el aparato de poder público que llevó a cabo el terrorismo de Estado.