Ciudad de México. Falleció Ignacio Carrillo Prieto, quien se desempeñó como titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), quien durante su gestión ejercitó acción penal en contra del ex presidente Luis Echeverría Álvarez por las masacres de 1968 y 1971, y luego de que se le habían negado las órdenes de aprehensión en 2005, afirmó en el Senado de la República que las consignaciones no prosperaron “por los conflictos de intereses que hay en el interior del gobierno, y porque en el Poder Judicial federal existe un reducto de resistencia al cambio”.
En su encuentro con legisladores de oposición en 2005, Carrillo Prieto, cuyos restos serán velados en una funeraria al sur de la Ciudad de México, les dio a conocer por qué no se habían acelerado las investigaciones sobre temas relacionados con la guerra sucia, las masacres de estudiantes ocurridas en 1968 y 71, y dijo que durante la época de los gobiernos de los presidentes Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976 a 1982), “el abuso del poder del Estado autoritario, ocurrió a lo largo y ancho del país”.
Al ser entrevistado reconoció que había frustración social por los resultados obtenidos por la FEMOSPP, creada en 2001 y extinguida en 2006, todo durante el gobierno del panista Vicente Fox, debido a que los alegatos y conclusiones de la fiscalía eran “para algunos integrantes del Poder Judicial federal sencillamente o los desestiman o hacen resoluciones superficiales, banales y risibles, algunas de dos páginas. Incluso tengo resoluciones de dos cuartillas, mal pergeñadas, mal escritas e infundadas".
“Hemos tenido que batallar con distintas señorías, señorías del primer escalón, y después también con insatisfacciones de tribunales unitarios, porque hay algunas resoluciones verdaderamente dignas de antología del humor involuntario”.
Carrillo Prieto falleció este domingo, a los 77 años de edad, y durante su etapa académica obtuvo los títulos de licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Filosofía por la Universidad Iberoamericana.
Realizó también estudios en Derecho Social en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y como académico fue profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM e investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM). En la máxima casa de estudios se desempeñó como Director de Asuntos Jurídicos en 1979 y en el periodo 1981-1983 fue designado Abogado General de la UNAM. También formó parte de la Junta de Gobierno durante la rectoría de Octavio Rivero Serrano.
Asimismo, fue director del Instituto Nacional de Ciencias penales de 1988 a 1993, y en 2001 asumió la titularidad de la Femospp, donde se iniciaron más de 500 averiguaciones previas relacionadas con actos de tortura y desaparición forzada cometidas en contra de integrantes de diversos grupos guerrilleros que operaban en el país durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echevarría y José López Portillo.
En 2011, el ex fiscal fue inhabilitado 10 años por negligencia administrativa y sancionado a pagar más de 11 millones de pesos por la Secretaría de la Función Pública, y el caso fue resuelto por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en 2016 fue exonerado de los señalamientos de haber incurrido en irregularidades.
Durante su gestión al frente de la Femospp se realizaron trabajos de investigación por casos que se han convertido en asuntos de trascendencia nacional, como la indagatoria por la detención y desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 2009 la institución internacional condenó al Estado mexicano, y la resolución transformó el marco jurídico nacional en materia de derechos humanos.
Asimismo, las investigaciones pusieron al descubierto la existencia de casos de opositores al gobierno, que, en el caso de Carlos Castañeda de la Fuente, quien planeó un atentado en contra del presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1970, fuera internado en un hospital psiquiátrico durante 23 años, luego de que se le realizara un juicio sumario, y sin haberle practicado estudios con los que se demostrara que estaba afectado de sus facultades mentales. Tras su egreso de ese nosocomio, decidió permanecer en la indigencia, ya afectado de sus facultades mentales.
Asimismo durante su gestión, la Femospp ejercitó acción penal en contra de Miguel Nazar Haro, quien fuera titular de 1978 a 1982 de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), por su presunta responsabilidad en la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, hijo de la activista Rosario Ibarra de Piedra, acusaciones de las cuales fue exonerado.
Actualmente más de 300 indagatorias iniciadas por la Femospp, siguen abiertas en la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República.
