Ciudad de México. La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) llamó las autoridades del Estado Mexicano a impulsar la evolución del Poder Judicial "hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos/as y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible".

Al dar a conocer su opinión en torno a la propuesta legislativa de reforma del Poder Judicial en México, señaló que las autoridades mexicanas deben actuar "respetando la independencia de quienes ejercen el poder jurisdiccional y evitando avasallarla con actos de gobierno que impliquen el amedrentamiento o la vulneración" de autonomía de quienes tienen la función de impartir justicia.

Para la organización, el respeto a los juzgadores "no solo importa un resguardo para los ciudadanos,
sino que constituye un deber de todos los poderes del Estado como garantía de la paz social para los justiciables que necesitan la presencia de un orden jurídico fuerte que contribuya a consolidar una justicia más eficiente y fortalecida por los actos de gobierno y por el respeto a los Magistrados que la integran".

El dirigente de la FLAM señaló en un comunicado que la organización, en la que participan 17 países latinoamericanos está "preocupada" la "situación que se configura en el proyecto de reforma constitucional impulsado en los Estados Unidos Mexicanos.

"Esa preocupación es más alarmante en este caso, que promueven su aplicación en forma retroactiva, desconociendo los derechos adquiridos de aquellos magistrados designados legítimamente a la luz del sistema constitucional vigente al momento de su nombramiento.

Con ello se propone una formula velada de destitución de los Magistrados en funciones, sin aplicar los mecanismos previstos en la actual constitución y afectando los derechos adquiridos de aquellos".

Según la FLAM, la "modificación claramente aspira a generar un sometimiento de los jueces vulnerando la independencia del Poder Judicial, y con ello el principio de la división de poderes. Estos proyectos de reforma, utilizando las herramientas legislativas, son avasallamientos que parecen legales e imperceptibles. Se debilitan las instituciones que limitan los poderes".