A los diplomáticos se agregaron sus representados: el Consejo de Empresas Globales, (CEG), que agrupa a 63 trasnacionales que operan en México, entre las que se cuentan Nestlé , Cargill, AT&T (la del golpe de Estado en Chile), Pepsico, General Motors, bancos, cadenas de supermercados, petroleras, laboratorios, acereras y, desde luego eléctricas, como Iberdrola (recuerden al siempre servicial juez Juan Pablo Gómez Fierro), todas de negro historial en México y el mundo, y protegidas por el régimen neoliberal.

El CEG presiona y chantajea: México enfrenta el riesgo de perder oportunidades de inversión con la reforma al Poder Judicial y hace pública su preocupación ante el riesgo de perder certeza jurídica para los capitales que tienen en México. Ni siquiera la burla perdona: es necesario contar, dice, con tribunales imparciales e independientes y procedimientos justos, equitativos y transparentes que eviten costos y demoras irrazonables. ¿En serio? Si algún sector ha sido atendido con rapidez por jueces, magistrados y ministros es, precisamente, el oligárquico autóctono y foráneo.

¿Por qué Salazar cambió de opinión? Diez días atrás afirmó que la reforma al Poder Judicial es un asunto de los mexicanos; el gobierno de mi país tiene interés en que el sistema de justicia salga fortalecido, pero no puede imponer sus opiniones en la materia. Si los jueces son elegidos o no, es decisión de los mexicanos; conozco casos de delincuentes que no han sido extraditados por decisiones que ha tomado el Poder Judicial.

Pero como dice una cosa, al rato dice otra: el pasado jueves dijo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para la democracia de México y podría hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas (hasta ahora, los malignos han aprovechado al máximo a los jueces con mucha experiencia). Y todo, dice, con ¡espíritu de colaboración!

Ante tal posicionamiento, abiertamente injerencista, la presidenta electa Claudia Sheinbaum reviró: somos un país soberano y recordó que en el país que representa Salazar los jueces se eligen mediante el voto popular en 43 de sus 50 estados. Entonces, es contradictorio que él diga que se va a afectar la democracia cuando en su propia nación eligen a los jueces de manera democrática; Abraham Lincoln decía que la democracia es el gobierno de, por y para el pueblo.

Al nado sincronizado se sumó el embajador canadiense (lo fue en la putrefacta OEA), Graeme C. Clark: hay incertidumbre entre los inversionistas de mi país; están preocupados; quieren estabilidad y un sistema judicial que funcione si hay problemas; sólo soy la correa de transmisión, dijo en un intento de deslinde. Mejor, bien haría el diplomático en meter en cintura, por ejemplo, a sus depredadores corporativos mineros que operan en México.

Ante tal intromisión, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a Salazar, que en su parte medular subraya su profundo extrañamiento por sus declaraciones sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional; su postura representa una acción inaceptable de injerencia y contraviene la soberanía de México.

De pilón, el presidente López Obrador comentó que durante muchos años Estados Unidos aplica una política injerencista en toda América, y decidía sobre las políticas en los países del continente: ponían y quitaban presidentes a su antojo, invadían, creaban nuevos países, protectorados.

Las rebanadas del pastel

Sigue la mata dando: la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió otro recurso de Elektra (Ricardo Salinas Pliego) para evitar que pague sus adeudos fiscales. ¿Se entiende por qué quieren que no se toque al Poder Judicial?... Los de por sí histéricos sicarios mediáticos están al borde del infarto: el INE confirmó mayoría calificada para Morena –más PT y PVEM– en San Lázaro.

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