Ciudad de México. Las licenciaturas y posgrados en Derecho del Sistema Universitario Jesuita -Planteles de la (UIA), Ciudad de México, León,Puebla, Tijuana, Torreón y el Iteso de Guadalajara- expresaron se respaldo a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en la defensa de la independencia judicial y sus derechos laborales frente a la propuesta de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo, al tiempo en que exhortaron al Congreso de la Unión a desarrollar un diálogo republicano, genuino y constructivo frente a una propuesta que puede afectar pilares esenciales de nuestra democracia.Universidad Iberoaméricana
A través de un comunicado de prensa, resaltaron que reconocen el valor democrático de la protesta como un mecanismo legítimo de expresión y defensa de derechos que resulta necesario ante un contexto en el que los espacios de diálogo entre los poderes del Estado no han posibilitado expresar adecuadamente la postura de las y los integrantes de los poderes judiciales, así como de otros sectores sociales.
Desde los espacios de formación de las y los futuros profesionales del Derecho en el país, la UIA y el Iteso , sostienen que los términos actuales del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados no garantizan los más altos estándares en materia del derecho de acceso a la justicia ni las condiciones de independencia y autonomía que resultan inherentes a la función judicial.
En primer lugar, explican, resulta fundamental que cualquier reforma al sistema de justicia asegure, por un lado, que las personas que desempeñarán la función de impartir justicia cuenten con las condiciones necesarias de independencia frente a los poderes político y económico. Por ello, es importante que los mecanismos de selección de impartidoras e impartidores de justicia garanticen la incorporación de los perfiles con una mayor idoneidad para desempeñar la función jurisdiccional.
Subrayan, que estos elementos resultan particularmente relevantes para la selección de las personas que se incorporarán a los puestos más elevados dentro del sistema de justicia (ministras y ministros, magistradas y magistrados e integrantes del órgano disciplinario, por ejemplo).
El método de elección popular propuesto en la iniciativa puede dar pauta a la prevalencia de influencias políticas o económicas sobre e mérito, idoneidad de perfil y capacidad profesional, En-términos de la Relatora de Naciones Unidas sobre independencia judicial, la iniciativa podría socavar la independencia de la judicatura e incrementa e riesgo de la captura política del Poder Judicial.
En segundo término, consideraron que una integración plural de la Suprema Corte de Justicia que asegure la incorporación de espacios definidos para candidaturas provenientes de los tres poderes de la Union que cuenten con credenciales jurídicas con una alta probidad y conocimiento constitucional, permitirá contar con una mayor diversidad de perspectivas y enfoques al interior del máximo tribunal del país y reducir las posibilidades de interferencia de los poderes fácticos en la composición de dicho tribunal.
En el caso de magistradas, magistrados, juezas y jueces, resulta fundamental fortalecer la carrera judicial y los mecanismos de selección que permitan la realización de concursos abiertos para la conformación de un sistema mixto, que posibilite la participación de integrantes de la carrera judicial y personas externas a éste, pero en donde todas y todos cuenten con las credenciales para competir. Esta situación permitiría avanzar en la consolidación de la carrera judicial como un elemento clave para mejorar la calidad en la impartición de justicia.
En tercer lugar, la creación de un tribunal de disciplina establecido en términos de la iniciativa presidencial y el dictamen legislativo representa un enorme riesgo para la impartición de justicia.
Desde luego, es apremiante que la sociedad cuente con mecanismos para exigir la rendición de cuentas de las y los jueces incluidos, aquellos que forman parte de las altas cortes, basados en e debido proceso legal.