En México, la sucesión del poder presidencial hasta el reciente éxito de Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 2 de junio, confirmado por el órgano jurisdiccional el jueves 15 de agosto, está considerada como el asunto público más trascendente de la política nacional.

Los analistas casi siempre explican la sucesión presidencial independientemente de que se haya realizado o no de manera democrática, a través de ciertas tipologías o versiones que no caminan más allá de innegables verdades a medias: un proceso cerrado y cupular; una decisión política ajena a reglas escritas que finalmente no modifican el modelo inmediato precedente de acumulación y reparto de la riqueza.

El modelo de sucesión presidencial teniendo como protagonistas a los candidatos triunfadores del PRI y PAN fue ante todo una forma de hacer política y una manera de concebir el país y sus problemas, y su legado seguramente enraizó no sólo en el proyecto de Estado neoliberal que padecemos todavía, sino en las prácticas más antidemocráticas del ejercicio del poder.

Como se puede documentar de manera inobjetable periodo tras periodo, sucesor tras sucesor desde 1920 hasta 2012 los presidentes electos en la transmisión del cargo tuvieron un discurso democrático primario, un solidarismo social retórico y una convicción autoritaria por pretender ser los únicos conductores con su partido político y camarillas, que podrían trasladar a mejores momentos los destinos de la nación. El acercamiento a la sociedad siempre fue solamente en el discurso.

Como todos hemos comprobado, el larguísimo proyecto de poder político y económico que se inicia en 1920 y termina en 2018 no pasó de ser un propósito contrario a tres asuntos básicos: al respeto de los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad; a prácticas democráticas y, a una administración pública honesta y transparente. Hace seis años, al fin la mayoría de la ciudadanía mexicana se fastidió de esa forma de gobernar. Por ello, hizo morder el polvo a PRI, PAN y PRD causándoles una derrota contundente en las dos últimas elecciones presidenciales.

En la sucesión de 2024, las maniobras legales e ilegales para derrotar a Morena y aliados se estrellaron ante la histórica decisión del presidente López Obrador de ser fiel durante todo su gobierno a una profunda convicción: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

El país vive en un proceso de reformas que tratan de hacer realidad las demandas históricas de la población en cuanto a salud, educación, salario suficiente, vivienda, empleo. Demandas incumplidas y que provienen desde hace décadas y que gobierno tras gobierno hicieron a un lado incrementando la frustración social y la pobreza. Durante los últimos años se han convertido en los objetivos del programa de gobierno de AMLO. Es el suyo el mayor intento desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, por hacer realidad esas demandas populares.

La legitimidad de su acción gubernamental descansa en su cumplimiento y en la transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como al rescate de las empresas públicas que simbolizan los mejores paradigmas de nuestra historia: Pemex y CFE. Pero, lo más novedoso es la experiencia reciente que están inaugurando el presidente saliente y la presidenta electa.

Es un rompimiento con todo lo conocido sobre la transmisión del poder presidencial en México. Durante las últimas 10 semanas han llevado a cabo un ambicioso recorrido, denominado “transición en terreno”, que ha permitido a ambos líderes políticos revisitar juntos las 32 entidades federativas del país. Nunca una transición del poder presidencial se había preparado de manera cercana y directa con la ciudadanía.

Es inédito en la historia independiente de México que se haga explícito un proyecto político de continuidad entre un presidente saliente y su remplazo en el Poder Ejecutivo federal. Estamos ante un escenario histórico donde el índice de fidelidad a un proyecto que está culminando es proporcional a la fuerza política de su representación en todo el territorio de la nación y en la integración del futuro Congreso.

Con la secuela de las próximas reformas constitucionales es muy probable que se estén consolidando los pasos institucionales para la necesaria y profunda modernidad del Estado mexicano contemporáneo. Ni maximato, ni dictadura. Simplemente estabilidad y democracia.

El impacto de la victoria de Sheinbaum construyendo en los próximos años el segundo piso de la actual transformación con firmará únicamente, que una elección libre e independiente como lo fueron los comicios recientes, más una relación estrecha con la sociedad es la mejor garantía del buen funcionamiento del nuevo régimen político mexicano.

*Sociólogo e historiador. Investigador titular del Iisunam