El año entrante, la bolsa para los partidos políticos nacionales será de 7 mil 354 millones 266 mil 504 pesos para actividades ordinarias, según el proyecto aprobado por unanimidad por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya ratificación es previsible el viernes en el consejo general del órgano.

Los consejeros tienen nulo margen de maniobra en el tema porque este financiamiento público está señalado en la Constitución a partir de una fórmula aplicada con base en el tamaño del padrón electoral, que actualmente es de 99.2 millones de personas.

Es decir, los partidos tienen asegurado este subsidio, el cual en ese sentido está libre de afectaciones marcoeconómicas, salvo porque en el cálculo se incluye el valor vigente de la UMA, y constituye su principal recurso a partir del cual, incluso, pagan las multas por infracciones electorales.

El año pasado el presupuesto para el financiamiento público de los siete partidos fue de casi 10 mil millones: 6 mil 609 millones para gastos ordinarios y 3 mil 304 para gastos de campaña proselitista.

Por tanto, la suma base a repartir subirá 745 millones. Además, pese a los avances tecnológicos en todo el país, los partidos contarán –en conjunto– con 140.7 millones para comunicaciones telegráficas y postales.

Una vez que concluya el proceso electoral y se confirmen posiciones en el Congreso –lo que ocurrirá a más tardar dentro de una semana–, se sabrá entre cuántos partidos se repartirá el dinero, aunque por ahora se perfila que el PRD perderá su registro.

Según el documento aprobado anoche en comisión, para el ejercicio 2025, de los 7 mil 354.2 millones de pesos referidos, 7 mil 3.4 son para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 210.1 millones para actividades específicas, 140 millones por concepto de franquicia postal y 693 mil 492 pesos de franquicia telegráfica.

Uuc-kib Espadas, presidente de la comisión en mención, declaró que la asignación de recursos para partidos, “asunto que hoy se trata de manera rutinaria, fue una de las grandes conquistas de las luchas democráticas de finales del siglo XX sobre la base de dar garantías mínimas de disposición de recursos financieros a los partidos, se ha logrado reducir notablemente la inequidad económica en las contiendas electorales.

“No se puede concebir en nuestro país –añadió el consejero– procesos electorales democráticos en donde los contendientes no tengan garantizadas bases mínimas para la realización de sus tareas ordinarias de acceso a la ciudadanía.”

Por lo anterior, celebró lo aprobado y pidió no olvidar el origen de estas medidas, en una sociedad que deseaba fervientemente una democracia electoral plena.

Celebro que al día de hoy se mantenga vigente el financiamiento público a los partidos políticos en los montos en que sean suficientes para que prevalezcan por sobre cualquier financiamiento privado, subrayó.