Ciudad de México. Al reiterar que los jueces que se han sumado al paro de labores en el Poder Judicial, en contra la reforma a este sector, no deberían recibir su sueldo mientras no realicen sus funciones ya que “es poco ético”, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, subrayó que para iniciar huelgas o paros también hay normas, y “no es legal este paro que están haciendo”. Defendió que con la iniciativa en la materia se evitarán los “dedazos” desde la presidencia para el nombramiento de ministros, por lo que el Poder Judicial tendrá mayor autonomía.

La futura mandataria señaló este jueves que para una huelga hay leyes y normas establecidas, por lo que “este tema de que te vas a paro como juez y a parte cobras tu salario, es hasta poco ético, no, porque ganan 150 mil pesos, ayer me decían que eran 200 mil. Estamos revisando cuánto gana un juez, porque los ministros ya sabemos que ellos sí son palabras mayores, pero los jueces también. Entonces, cómo te vas a paro y siguen recibiendo 150 mil pesos mensuales”.

Además, consideró que si se realizara una encuesta a la población, “yo creo que el 90 por ciento diría: se van a paro, sí, pero que no cobren el salario”.

“Hay que ver qué dice la ley, quién regula a los servidores públicos, porque son servidores públicos, y yo creo que hay que hacer un llamado, porque no es legal este paro que están haciendo”, indicó.

En conferencia de prensa en su casa de transición, convocó a la población a que revise a profundidad el dictamen que se perfila votar en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sobre la reforma al Poder Judicial. Enfatizó que muchos de los puntos “valen mucho la pena” de analizarse, ya que son producto de los foros que se realizaron en el Congreso de la Unión.

Mientras en la propuesta original enviada por el presidente de la República, “sólo nombraba el ejecutivo, Legislativo y Judicial sus candidatos o candidatas para los distintos puestos de elección, sean jueces, magistrado o ministros”, luego de los foros se agregaron una serie de requisitos y mecanismos para la defección de aspirantes.

De esta forma, se proyecta que los Poderes de la Unión deberán establecer “mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas”, dijo la presidenta electal.

Para ello, cada Poder integrará un comité de evaluación. En el caso del Ejecutivo, refirió que ella tendría que integrar un comité de evaluación conformado con cinco personas reconocidas en la actividad jurídica que analizará los expedientes de las personas aspirantes, e “identificará a las mejor evaluadas, que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicas y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

Recalcó que ya no sería la presidencia quien tomará la decisión.

“Ya no es que la presidenta decide quienes son sus conocidos, o quien yo consideraría que serían los mejores aspirantes, sino que es una convocatoria abierta. Esto es muy importante porque parte de los que nuestros adversarios han estado diciendo de que se va a perder autonomía en el Poder Judicial, que la presidenta va a nombrar a todos los que vienen… No; así es ahora, porque ahora el Ejecutivo manda una terna al Senado, pero si no decide por mayoría calificada, ¿quién nombra?, el presidente o la presidenta”

Hasta ahora, continuó, el presidente “tiene mano en nombrar a sus ministros”.

En cambio, con la reforma, “ya la presidenta no va a tener mano en nombrar a sus ministros. Es un proceso muy transparente de revisión de currículums, de revisión de las razones por las cuales alguien quiere ser ministro, magistrado o juez y a partir de ahí, de los finalistas, todavía hay un proceso adicional para evitar que sea un dedazo de los amigos, conocidos de la presidenta”.

Con este mecanismo, aseguró que el Poder Judicial “tiene más autonomía”. Tras calificar como un proceso novedoso esta forma de definición de ministros, jueces y magistrados, expuso que, además, deberán cumplir distintos requisitos. Desde un alto promedio académico, hasta las cartas de recomendación de vecinos que conocen su fama pública.

Sheinbaum Pardo recordó que parte del contenido del dictamen perfila que se use parte de los fideicomiso del Poder Judicial de la Federación para la elección de los ministros, magistrados y jueces, recursos que se mantienen en litigio.

-¿Y si no se resuelve el tema de los fideicomisos?- se le preguntó.

-“No, está en la Constitución. Constitución es Constitución”- respondió.

Añadió que la presidenta del Instituto Nacional Electoral ha calculado que se requerirán entre 5 y 7 mil millones de pesos para esos comicios.