Buenos Aires. El Senado argentino aprobó este jueves la ley que establece un incremento de más de 8 por ciento en el monto de las jubilaciones y una fórmula de actualización de los haberes que el ultraliberal presidente Javier Milei amenazó con vetar por considerar que desequilibrará las cuentas fiscales.
La iniciativa, que ya contaba con la aprobación de los diputados, fue aprobada con 61 votos a favor de los legisladores de la oposición. Ocho votaron en contra, entre ellos los siete del bloque minoritario del partido oficialista La Libertad Avanza.
La ley establece un aumento del 8.1 por ciento en los haberes jubilatorios para este año para compensar la pérdida del poder adquisitivo por la suba de precios desde principios de año y contempla la actualización de las jubilaciones según la inflación mensual. Además crea una cláusula anual que se aplicará automáticamente siempre que el promedio de los salarios en el país haya subido más que la inflación y será del 50 por ciento de esta diferencia. Senadores oficialistas propusieron que fuera del 25 por ciento, pero no fue aceptado.
Aunque el gobierno logró desacelerar la subida de precios, el alza del costo de vida en julio fue de 4 por ciento y la inflación acumulada en los primeros siete meses del año alcanza el 87 por ciento.
La inflación interanual está en torno a 263.4 por ciento en momentos en que la jubilación mínima mensual es de unos 225 mil pesos (233 dólares) y la canasta de alimentos, medicinas y otros bienes y servicios básicos para un adulto supera los 291 mil pesos (301 dólares).
El Ejecutivo ratificó la intención de rechazar la ley aprobada, que reforma el contenido de un decreto gubernamental de marzo que, a pesar de establecer una fórmula de actualización de las jubilaciones desde julio según la tasa de inflación mensual, no compensa la fuerte pérdida del poder adquisitivo previo, cuestionó la oposición.
"Todo lo que vaya en contra de las cuentas públicas se va a vetar”, comentó al respecto el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La norma instruye además a la Administración Nacional de la Seguridad Social a cancelar las deudas que mantiene con varias provincias del país.
Senadores opositores valoraron positivamente la ley, señalando que desde 2017 las jubilaciones y pensiones perdieron un 45 por ciento de su poder adquisitivo y los bonos que el gobierno otorga a los jubilados cada ciertos meses "no alcanzan y no generan ningún tipo de certidumbre”.
El oficialista Bruno Olivera Lucero la cuestionó sosteniendo que el gobierno anterior dejó “un Estado con una capacidad de financiamiento agotada”. Alertó sobre su impacto fiscal indicando que "en 2024 es de 0.4 por ciento del PIB, pero en 2025 es un 0.8 por ciento, y este porcentaje aumenta año a año y complica el equilibrio fiscal".
Milei, que asumió en diciembre, implementó un fuerte ajuste que incluyó la drástica reducción del gasto público.
