Desde los tiempos de Fox y Calderón, Salinas Pliego ha utilizado todos los trucos legales y legaloides para evitar el pago de sus adeudos fiscales, así como a los jueces, magistrados y ministros amigos que descaradamente lo han protegido para que incumpla con sus obligaciones fiscales.

Alrededor de un año atrás, el presidente López Obrador denunció públicamente que el ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la petición para que la SCJN atraiga el caso de los amparos obtenidos por Salinas Pliego por los voluminosos y crecientes adeudos fiscales de una de sus consorcios, Elektra, y solícitamente el togado le brindó todo su apoyo, a grado tal que mantuvo los expedientes respectivos en los cajones de escritorio durante 10 meses y sólo los sacó a orear tras la citada denuncia, pero con el mismo resultado: proteger al magnate.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha ganado todos los juicios, pero mediante trucos legaloides Salinas Pliego ha retrasado y retrasado, en connivencia con jueces, magistrados y ministros, el pago de sus adeudos fiscales, los cuales, como se apunta líneas arriba, son del orden de 63 mil millones de pesos.

De hecho, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha denunciado que no pocos jueces y magistrados han evitado el avance de los juicios o procesos penales, generando retraso en la impartición de justicia y, por tanto, impunidad. Se trata de asuntos de grandes contribuyentes que han afectado la posibilidad de financiar programas de Bienestar y obras de infraestructura por alrededor de 80 mil millones de pesos, lo cual equivale, por ejemplo, al presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro durante tres años y medio, o aumentar 25 por ciento el apoyo a todos los beneficiarios de la pensión de adultos mayores. Si este puñado de personas pagara lo que corresponde, mejorarían los programas sociales y tendríamos más obra pública.

Pero ahora se conoce que no sólo el ministro Aguilar Morales protege a Salinas Pliego, sino que en el enjuague participa la mismísima presidenta de la SCJN, Norma Piña, ahora muy preocupada por las consecuencias de la reforma al Poder Judicial que se cocina en el Congreso. Si ella, como sus contlapaches, hubiera hecho su trabajo, la citada modificación constitucional no estaría en debate.

No es gratuito el anuncio hecho ayer por el presidente López Obrador: dio instrucciones a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Secretaría de Gobernación para enviar un oficio a la ministra Piña con el fin de solicitar la resolución de dos adeudos fiscales (que de tiempo atrás la SCJN mantiene en su poder, sin avance alguno), que no son otros que los relacionados con Ricardo Salinas Pliego. En la mañanera, el mandatario dijo que le pediré (resolver), y lo vamos a hacer hoy por escrito, a la presidenta de la Suprema Corte que tiene el paquete de dos asuntos fiscales de 35 mil millones, y si ella no está en huelga ya puede resolver, porque, además, constitucionalmente no tienen por qué estar deteniendo ese fallo, que ya se resolvió en las instancias correspondientes.

Dicen en los corrillos del nepotista Poder Judicial que los actuales integrantes de la SCJN no están dispuestos a resolver el ya muy viejo asunto de los adeudos fiscales de Salinas Pliego, porque en todo caso, dicen, deben hacerlo los ministros que lleguen tras la reforma constitucional que se cita. El cinismo como norma en el máximo tribunal del país, siempre al servicio de la oligarquía.

Mientras, el sector financiero estadunidense se suma al chantaje: “El banco de inversión Morgan Stanley ‘recomendó’ a su clientela no invertir en acciones de algunas empresas mexicanas y reducir su participación en otras, porque la reforma al Poder Judicial ‘aumentará las primas de riesgo en México’” ( La Jornada, Julio Gutiérrez y Clara Zepeda).

Las rebanadas del pastel

Si de mugrero se trata, ahí está la muy bien aceitada industria del futbol en México, en donde la evasión y la elusión fiscal son cosa de todos los días, más la condonación de impuestos en sexenios pasados (como el de Felipe Calderón).

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