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Se unen jueces y magistrados a paro de labores contra reforma judicial

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"La independencia judicial no es un privilegio de los juzgadores; es una garantía para todos los ciudadanos". Foto Jorge Ángel Pablo García
21 de agosto de 2024 00:36

La reforma al Poder Judicial no solo amenaza la justicia; amenaza la estabilidad misma de nuestra nación. Sin una justicia independiente, las inversiones se verán afectadas, la confianza en nuestras instituciones se desmoronará, y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria, afirmó Juana Fuentes Velázquez, presidenta Nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

"Nos encaminamos hacia una crisis constitucional sin precedentes, una crisis que, de no ser detenida, dejará cicatrices profundas en nuestro tejido social".

Durante el arranque de la suspensión de actividades de manera indefinida la madrugada de este miércoles, señaló que una reforma legislativa promovida por el Presidente de la República y tramitada por una mayoría parlamentaria, amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta el Estado de derecho.

"Este intento de concentración del poder en una sola persona no solo es una afrenta directa a la independencia judicial, sino también un golpe mortal a la democracia que tantos, antes que nosotros, lucharon por establecer y proteger".

Reiteró que dicha enmienda, que bajo el velo de una supuesta modernización del Poder Judicial busca centralizar el poder, pone en riesgo no solo la independencia de los jueces, sino también el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto.

"La independencia judicial no es un privilegio de los juzgadores; es una garantía para todos los ciudadanos. Es el baluarte que asegura que los derechos de cada individuo, sin importar su posición o riqueza, sean protegidos de manera justa e imparcial. Sin esta independencia, el Poder Judicial se convierte en un brazo del poder ejecutivo, y la justicia, en una farsa".

Por estas razones, dijo, "hemos decidido, junto a cientos de personas juzgadoras comprometidas con la justicia, la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida en todo el país, a partir de este 21 de agosto, como un acto legítimo de resistencia contra esta reforma y hasta que ésta sea desechada, para dar paso a la construcción de una reforma integral del sistema de justicia, a la que sin duda alguna nos sumaríamos".

Hizo un llamado a todos sus colegas jueces y magistrados, a todos los operadores de justicia, a la sociedad civil, y a cada ciudadano consciente de lo que está en juego: "unámonos en defensa de nuestra democracia. Hoy más que nunca, es imperativo que defendamos la división de poderes y la independencia judicial, no solo por nosotros, sino por las generaciones futuras".

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