Por si había duda, la misma quedó disipada por el arzobispo de Oaxaca. Pedro Vásquez Villalobos hace tres días, en la homilía dominical, reconoció que la quema de un templo evangélico en la ranchería de Cerro Cajón, perteneciente a la agencia municipal de San Isidro Arenal, fue obra de católicos que prohíben el culto religioso de cualquier otra confesión que no sea la tradicional profesada por ellos.

El arzobispo no se anduvo con rodeos o seudoexplicaciones, que en casos semejantes otros altos clérigos sí favorecen, su feligresía escuchó lo siguiente: “¿Quiénes quemaron el templo de los no católicos? Los católicos. ¿En este siglo con esas actitudes? ¿Dios estará de acuerdo? Dios no está de acuerdo.

Me da mucha tristeza lo que a veces ha pasado (de intolerancia) en nuestras comunidades, me da mucho dolor y me da vergüenza”. Hay que reconocerlo, el titular de la diócesis de Oaxaca identificó el centro del problema y no solamente se refirió a él en la homilía, sino que circula en redes lo que declaró sobre el asunto a un programa noticioso: (https://www.facebook.com/watch/?v=549742330736886&rdid=VWcIIcNdKggE6S19).

La quema del templo es un eslabón más en la cadena de intolerancia padecida por las familias integrantes de la Iglesia interdenominacional en Cerro Cajón. El hecho sucedió el 6 del presente mes. Además, los atacantes robaron “sus animales y destrozaron sus cultivos”, esto en el marco de la beligerancia contra los evangélicos que se ha intensificado “desde diciembre”, declaró Aarón Cortés Hernández, pastor general de la Iglesia interdenominacional (https://www.jornada.com.mx/2024/08/17/politica/008n3pol).

La comunidad de Cerro Cajón es chinanteca, bajo la admi nistración de la agencia de San Isidro Arenal, la que a su vez está comprendida en el municipio de San Juan Lalana. Desde 1993 existe la prohibición de profesar una religión distinta a la católica romana (https://zonaroja.com.mx/?p=71564). Hace poco más de un mes, el 15 de junio, en asamblea comunitaria fue refrendada la norma prohibicionista. Con el refrendo se intensificaron las hostilidades contra la minoría evangélica. No sólo los justicieros defensores del monolitismo religioso quemaron el templo y despojaron de bienes a los rebeldes, sino que encarcelaron a varios de éstos y los tiene bajo amenaza de expulsión.

El corazón del conflicto es religioso, el cual, también, tiene ramificaciones políticas y económicas. En comunidades tradicionales tiene lugar la simbiosis cargos religiosos/cargos civiles. Con frecuencia ambos recaen en las mismas personas, las que no hacen distinción entre los dos órdenes, porque todo está mezclado y, en consecuencia, la instancia gobernante tiene la tarea de hacer cumplir normas pertenecientes al ámbito religioso. En un escenario simbiótico quienes no cumplen las normas religiosas (profesar y querer expresar públicamente otras creencias, como en el caso de San Juan Lalana), sin proponérselo inicialmente están retando la organización sociopolítica de la comunidad. 

¿Qué hacen las autoridades de Oaxaca ante la intolerancia religiosa? Dan explicaciones de lo sucedido, declaran que van investigar el asunto, presionan a los agredidos para que no denuncien lo padecido a medios y/o en redes sociales, hacen promesas y piden paciencia porque pronto se harán valer las leyes. Como si fueran científicos sociales, especialistas en la diversificación religiosa y sus problemáticas, refieren casos con números y geografía de los conflictos.

Por ejemplo, en conferencia de prensa el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, nada más hizo un recuento de los daños causados a los agredidos. El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, dijo que lo de Cerro Cajón “se suma a 14 conflictos religiosos más que se han atendido en la entidad” (https://zonaroja.com.mx/?p=71564).

Una cosa es atender el problema y muy otra solucionarlo, salvaguardando los derechos humanos de las personas a quienes les fueron vulnerados. Por su parte, el director de Asuntos Religiosos de Oaxaca, Edwin Martínez Espíndola, citó ayer a las 10 am para una mesa de diálogo en la agencia municipal de San Lorenzo a representantes de los perseguidos, quienes debieron esperar cinco horas para que iniciara la susodicha mesa.

A los evangélicos chinantecos agredidos, por tener una identidad religiosa elegida y a contracorriente de la tradicional, los funcionarios de Oaxaca les regatean derechos constitucionales. Estos derechos tienen su origen, habrá que recordarlo, en la Ley de Libertad de Cultos, promulgada por el oaxaqueño Benito Juárez el 4 de diciembre de 1860.

Concluyo con lo escrito por Carlos Monsiváis en octubre de 1989 (Los mexicanos de tercera clase. Las demás iglesias), ante casos parecidos al de San Juan Lalana:

“En el fondo, a veces disfrazada la vieja tesis: son ‘ilegítimas’ las creencias no mayoritarias. Antropólogos, sociólogos y curas insisten con frecuencia, sin mayores explicaciones (tal vez por suponer que el asunto es tan obvio que no las amerita), en el ‘delito’ o la ‘traición’ que cometen los indígenas que por cualquier razón desisten del catolicismo. ‘Dividen a las comunidades’, se dice, pero no se extrae la consecuencia lógica del cargo: para que las comunidades no se dividan, que se prohíba por ley la renuncia a la fe católica (a los ateos se les suplica que finjan)”.