Ciudad de Guatemala. La fiscalía de Guatemala pidió este miércoles quitarle la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, al acusarlo de haber autorizado pagos "ilegales" a constructoras, informó un fiscal.

"Se presentó" a la Corte Suprema la solicitud de "retiro de antejuicio en contra del señor presidente" para ser investigado por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución, recurso que puede llevar luego a quitarle la inmunidad, dijo el fiscal Rafael Curruchiche en conferencia de prensa.

El antejuicio es el derecho que tienen los funcionarios a no ser investigados hasta que un juez avale el inicio de las pesquisas. En el caso del presidente, la ley establece que si la Corte da luz verde al proceso, lo debe remitir al Congreso, que toma la decisión final sobre la inmunidad.

El fiscal, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por "corrupto" y "antidemocrático", acusó al mandatario socialdemócrata de haberle ordenado a la ex ministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega los pagos de contratos millonarios a empresas supuestamente involucradas en hechos de corrupción.

"Disparates"

"Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal", reaccionó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en un mensaje enviado a los medios.

Arévalo y la fiscal general, Consuelo Porras, están inmersos en una guerra sin tregua desde el año pasado.

Si se abre una investigación penal contra el presidente, la fiscalía puede pedir una orden de prisión preventiva contra él y, si la justicia accede, le costaría el cargo.

El actual caso se deriva de una denuncia presentada contra Arévalo el 16 de julio por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo y también sancionado por Washington por "corrupto".

"Hemos podido establecer entonces que el señor presidente [...] es la principal persona que fomenta la corrupción y fomenta la impunidad en Guatemala", afirmó Curruchiche.

El fiscal presentó un audio de una conversación entre Arévalo y la entonces ministra grabado en mayo, que fue divulgado por la prensa local.

En la conversación, el mandatario le notifica a Vega su destitución por no haber cumplido una orden de pagar a empresas conforme a un listado acordado.

A inicios de agosto, Arévalo confirmó la veracidad del audio y señaló que los listados se elaboraron para pagar tras verificarse que las obras estuvieran en ejecución.

Arévalo versus Porras

El nuevo caso abre un capítulo más en el enfrentamiento entre Arévalo, que goza del respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea, y la fiscal Porras, que también es considerada "corrupta" por Washington y el bloque europeo.

La disputa se inició en 2023, cuando la fiscalía abrió investigación contra el partido Semilla de Arévalo después de que el socialdemócrata se colara en el balotaje presidencial por sorpresa con un mensaje de mano dura contra la corrupción.

Por ese caso, la fiscalía mantiene otro pedido para investigar a Arévalo por supuesto lavado de dinero en la conformación del partido.

El presidente, quien asumió el poder en enero, carece de facultades para remover a Porras, cuyo mandato culmina en mayo de 2026. Para poder destituirla, Arévalo presentó una iniciativa de ley para que se le otorgue esa potestad, pero el proyecto está estancado en el Congreso.