Ciudad de México. La propuesta de reforma al poder judicial presentada en febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que será discutida por el Congreso que inicia sesiones en septiembre, representa un “muy alto riesgo” para el sector corporativo en México, advirtió el banco estadunidense Bank of America (BofA).

En un análisis difundido a sus clientes, el área de investigación de la institución financiera ubica en esa misma condición los planes que el Ejecutivo federal planteó para modificar el estatus de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de empresa productiva a pública, así como la eliminación de los organismos autónomos. En los tres casos, anticipa que las reformas se aprueben.

Las tres reformas forman parte del llamado “Plan C”, que consiste en profundizar reformas legales en diversos sectores, y a decir del primer mandatario tienen como objetivo beneficiar al pueblo y al país y no a una minoría.

Si bien, BofA espera que la discusión y eventual aprobación de las reformas generen volatilidad en el corto plazo “todavía nos alientan las oportunidades a largo plazo”.

Y dado lo anterior, la institución estadunidense no realizó modificaciones a sus portafolios de inversión en México.

Temas judiciales, los de mayor riesgo

En el análisis titulado Los próximos 90 días podrían dar forma a la próxima década para México: mantenerse a la defensiva, BofA precisa que la reforma al poder judicial es la más importante ya que “tiene enormes implicaciones en cómo funciona la democracia” en nuestro país.

“La reforma más preocupante y consecuente presentada en el Plan C es la constitucional para revisar el sistema judicial, con el objetivo de eliminar a los siete mil 293 jueces en funciones en México, así como a los 11 jueces de la Corte Suprema. El objetivo principal de AMLO es que todos los jueces de México sean elegidos por voto popular”, profundizó.

Esta semana, el Banco de inversión estadonidense Morgan Stanley recomendó a sus clientes no invertir en acciones de algunas empresas mexicanas y reducir su participación en otras, con el argumento de que la iniciativa de reforma al Poder Judicial “aumentará las primas de riesgo en México”.