Es tal el descaro, que hasta el Consejo Mexicano de Negocios (que siempre opera en la oscuridad) y su arma visible, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exige a las autoridades electorales que las asignaciones de plurinominales sean justas, sensatas y equilibradas (léase a su capricho y violatorias de la ley) y no como lo estipula la Constitución en su artículo 54, el cual a la letra ordena, en su inciso quinto, que en ningún caso, un partido político (ojo: partido político, no coalición de partidos) podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de la cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8 por ciento.

Por cierto, esta fracción fue reformada por los prianistas en agosto de 1996 (sexenio de Ernesto Zedillo, ante la inminencia de que el tricolor perdiera, como sucedió, la mayoría absoluta en el Congreso, en 1997), y de ella gozaron ampliamente hasta que la realidad los alcanzó. Ahora que no los beneficia, lloran, patalean y arrebatan para que esta ley se interprete de forma distinta a la que marca el texto constitucional, el cual, dicho sea de paso, es muy claro y no necesita de interpretación alguna, por mucho que los corifeos de la derecha estén duro que dale.

El presidente López Obrador intentó mantener buenas relaciones con el poder empresarial y todo caminaba aparentemente bien hasta la declaratoria de la pandemia, en 2020, cuando el entonces presidente del CCE, Carlos Salazar, se quejó amargamente de que el mandatario nos cerró las puertas ante la exigencia de la minoría rapaz por él representada de que el gobierno se endeudara y dejara de cobrarle impuestos, como única salida viable a la sacudida económica provocada por el covid-19. Claro, se trataba de que el erario la rescatara y asumiera el costo en detrimento de la mayoría. Obviamente la respuesta fue negativa y eso encolerizó a magnates y achichincles, como en el caso de Salazar.

Más adelante, a la presidencia del CCE llegó Francisco Cervantes Díaz, quien aparentemente estaba a punto de turrón con el presidente López Obrador, pero como dice el clásico, el poder empresarial no tiene amigos, sólo intereses, y cuando sus exigencias no fueron satisfechas tronó el buen trato, y con la arrolladora derrota electoral que sufrió el pasado 2 de junio las cosas quedaron en punto de ebullición: ya no tendrá mayoría en el Congreso, se le va de las manos el Poder Judicial, no tiene incidencia en el próximo gobierno y sus enjuagues en uno, otro y el siguiente se archivarán en el cajón de los recuerdos.

No es gratuito que sobre el CCE el presidente López Obrador advierta: Están descarándose, definiéndose por la corrupción; no quieren un auténtico estado de derecho; es mucha prepotencia de los que se sienten dueños de México, una actitud inmoral; pretenden que la transformación no logre mayoría calificada; es una vergüenza la intentona.

Llama la atención que en la mañanera de ayer el mandatario convocó a los cinco hombres y mujeres más ricos del país (Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, la familia Baillères y María Asunción Aramburuzabala, que conjuntan fortunas por alrededor de 160 mil millones de dólares; sólo el primero atesora 63.75 por ciento de este monto) para que se pronuncien sobre la supuesta sobrerrepresentación. No creo que estén de acuerdo con violar la Constitución. Ajá, pero ¿en serio importa lo que opinen cuando por lo menos tres de ellos han financiado campañas sucias en su contra y siempre se han ocultado tras membretes?

Las rebanadas del pastel

Triste noticia: murió el colega Julio Pomar, compañero de mil batallas y siempre solidario con las causas populares. Buen viaje, querido amigo. Va un enorme abrazo para sus hijas Rebeca, Lorena, Marcela e Irene, y para sus nietos y bisnieto.

X: @cafevega

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