Ciudad de México. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), la mayoría de confianza, que iniciaron un paro indefinido la madrugada del lunes en la sede de San Lázaro, afirmaron que la iniciativa de reforma que presentó la bancada de Morena el fin de semana tiene una serie de inconsistencias que violan sus derechos labores; en respuesta, la ministra de la Suprema Corte Lenia Batres afirmó que su protesta no responde a un conflicto laboral, sino que es de naturaleza política.

En un recorrido que este diario hizo por varias sedes del PJF, entre las protestas de los trabajadores se afirmó que el proyecto de dictamen de la reforma no garantiza la profesionalización del personal de tribunales federales y hacen que asuman el cargo a través de voto popular, pero además se desaparecerán los fideicomisos.

Dicen que la enmienda no afectará a los trabajadores, que se van a respetar sus derechos laborales, (pero) es una gran mentira, señaló Patricia Aguayo Bernal, secretaria del decimo tribunal colegiado del primer circuito. El primer derecho laboral que nos va a afectar es quitarnos la carrera judicial, algo para lo que estamos estudiando constantemente, preparándonos, asistiendo a cursos de capacitación, de especialización y que hoy lo quieren quitar porque se le ocurrió al señor Presidente (AMLO), que los jueces y los magistrados deben escogerse a través de votos, pero eso es un sistema que en ninguna parte del mundo funciona.

Indicó que 20 de los 32 circuitos judiciales que hay en el país se sumaron al paro de labores. Hay alrededor de 55 mil trabajadores que se solidarizaron, de esta sede somos 3 mil 500 que suspendimos actividades.

Otra de las afectaciones –apuntó– es la desaparición de los fondos y fideicomisos del PJF para que el Ejecutivo federal disponga de ese capital. Es nuestro dinero, que no digan que no es una afectación a los derechos de los trabajadores.

Añadió que debido a que ninguna autoridad se acercó para entablar un diálogo, entregarán un documento a la Cámara de Diputados.

Demandan respeto a la carrera judicial

El escrito dice básicamente que queremos que se respete la carrera judicial; que subsista la escuela judicial y los concursos de oposición para poder ascender a las categorías de jueces, de magistrados, que no se nos reduzcan en modo alguno nuestros salarios, ni tampoco las prestaciones que tenemos consignadas en las condiciones generales de trabajo, adelantó.

El magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez, del decimoquinto tribunal colegiado en materia del trabajo en CDMX, quien apoya a los paristas, mencionó que los foros de análisis de la reforma fueron en vano, porque se agravó el tema de la inexistencia de la carrera judicial y ahora los ascensos serán “a través de un sistema de meritocracia, convierte la impartición de justicia en un tema de popularidad.

Ahora resulta que nuestro marco jurídico exige más requisitos para ser mecanógrafo o secretario de tribunal que para ser magistrado de circuito según la propuesta de la reforma. Eso desde luego va en contra del interés de la sociedad mexicana.

En la sede Revolución del PJF, los trabajadores advirtieron que el gobierno federal pretende valorar al Poder Legislativo para diezmar un Estado democrático, así como derechos de todos los trabajadores.

Ayer, los paristas también cerraron los accesos principales del edificio y colocaron pancartas en las que se leía: Hoy me defiendo para defenderte, #Todos somos Poder Judicial, Proteger el Poder Judicial es proteger al pueblo. Respeto a la división de poderes, independencia judicial” o Respeto a la autonomía laboral. Asimismo, coreaban consignas, entre ellas: Todos somos uno, uno somos todos.

Guardias para urgencias

Juan Javier Jiménez Alcántara, secretario de tribunal del primer circuito, expresó que aunque el Judicial suspendió actividades de manera indefinida, somos sensibles con las necesidades sociales, estamos en una actividad de tratar asuntos de guardia para cualquier urgencia.

En su cuenta de X, Lenia Batres Guadarrama señaló que el paro de labores no responde a un conflicto laboral ni de violaciones consignados en el artículo 123 constitucional, sino a una movilización para impedir que el Congreso de la Unión reforme la Constitución para modificar al Poder Judicial.

Conclusión: se trata de un acto de naturaleza política. Que quede claro, escribió.