Mexicali, BC. Con motivo del Tianguis Turístico 2025, Tijuana internará durante tres meses en centros de rehabilitación a 500 indigentes que deambulan por la ciudad, como parte de un programa de recuperación de la zona Centro y las áreas turísticas.
Julián Palombo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, informó que el programa se ideó pensando en que a finales de abril de 2025 Tijuana será un escaparate del mundo; los 8.5 millones de pesos que costará el programa serán cubiertos con fondos del Fideicomiso Empresarial de Baja California (Fidem).
El Fidem se fondea con el Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal -un impuesto local-, y tradicionalmente era usado por el sector empresarial para sus proyectos de impulso al “desarrollo económico” del estado. Estimado por los empresarios en alrededor de 200 millones de pesos anuales, la gobernadora decidió que el próximo año una parte se usará también en infraestructura educativa.
Foto La Jornada Baja California
El programa se enfocará en la línea fronteriza de San Ysidro y Otay; El Chaparral (otra zona de cruce) y el centro, y las personas en condición de calle tendrán que ser convencidas - participará un grupo de trabajadores sociales y psicólogos-, para poder ser llevadas a los centros de rehabilitación, que cobraran 17 mil pesos por cada persona y el compromiso será tenerlas durante tres meses.
Después de ese periodo “va a depender de la voluntad de cada uno el abstenerse”, señaló Palombo a los reporteros durante una entrevista. El programa será coordinado con el Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Secretaría de Turismo, instancia que se prevé, dijo Palombo, que también “baje recursos”.
También apoyan este programa las secretarías de Seguridad Pública, estatal y municipal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC). No es la primera vez que Tijuana intenta deshacerse de la gran cantidad de personas en condición de calle que forman parte del paisaje urbano.
Hace cuatro administraciones un alcalde panista pidió a la policía levantar a todos los indigentes del centro de la ciudad y de la zona conocida como “el bordo” y llevarlos a la periferia y las carreteras -cerca de otras ciudades, especialmente Ensenada y Tecate- para dispersarlos e intentar que no se volvieran a concentrar en Tijuana. La inmensa mayoría encontró el camino de regreso.
¿Limpieza social ?
“Sin un plan de prevención y de atención integral y permanente a estas personas para su reinserción social, y sólo de manera coyuntural para que no afeen la ciudad, estas acciones pueden considerarse una “limpieza social”, consideró el defensor de derechos humanos, Raúl Ramírez Bahena.
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“Trasladar a las personas a los Centros de Rehabilitación de alcohólicos y drogadictos es un grave error, porque la mayoría de estos centros no cuentan con personal especializado que atienda de manera integral a los internos, a menos que el gobierno aporte a dichos especialistas... En pleno derecho, nadie puede ser obligado a ser trasladado a un establecimiento en contra de su voluntad, sino a través del llamado “consentimiento informado”, apuntó el ex encargado de la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Baja California.
Pero además señaló que aportar dinero a los directivos de los centros de rehabilitación corre el riesgo de “mercantilizar” la atención que se deba proporcionar a las personas que se internarán.
Aunque en otro contexto, el gobierno municipal de Tijuana inició hace un par de meses una campaña para retirar de las calles a todos los menores de edad que pedían dinero o desarrollaban alguna actividad (payasitos, por ejemplo). Bajo la ley que castiga en Baja California “la omisión de cuidados” a los hijos -, muchas madres de origen indígena provenientes del sur del país fueron convencidas de regresar a sus comunidades o cambiar de ciudad. La omisión de cuidados se castiga en el estado con la entrega de los menores al DIF.
