Con un pago de 120 mil pesos, el ex gobernador Javier Corral obtuvo ayer la protección temporal de la justicia federal para no ser detenido o que se le obligue a comparecer ante cualquier autoridad, luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua obtuvo una orden de apre-hensión en su contra por presunto desvío de 98.6 millones de pesos, usados en la contratación de un despacho para restructurar la duda pública estatal.

El juzgado quinto de distrito, con sede en la Ciudad de México, a cargo de la jueza Patricia Marcela Diez Cerda, otorgó el recurso en favor del actual senador electo de Morena, quien justificó su negativa a comparecer argumentando que la acusación de peculado agravado que se le fincó es persecución política y una mentira en la cual prevalece un ánimo de venganza de la gobernadora María Euge-nia Campos.

En sus redes sociales, Corral acusó a la fiscalía de fabricar la investigación tres años después de que presuntamente cometió el delito.

Aseguró que la fiscalía usa a Eduardo Fernández, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda en su administración (2016-2021), testigo protegido desde el año pasado, luego de ser vinculado a proceso penal, y ahora, forzada y apresuradamente, me quieren imputar la responsabilidad (...) con un testimonio emergente, usado para decir que yo había autorizado esa contratación y conseguir una orden de aprehensión.

Sobre el contrato irregular que firmó con el despacho López Elías Finanzas Públicas SC para restructurar pasivos estatales, sostuvo que se ha impedido, tanto a ex funcionarios de mi gobierno como al propio despacho, la presentación de evidencias.

Afirmó que la contratación que él realizó fue correcta, y reviró que la corrupta es la actual gobernadora chihuahuense. A diferencia de esta fabricación en mi contra, habría que echar la luz a los 10 contratos por 33 millones que María Eugenia Campos le ha dado a Ernesto Cordero (funcionario de la administración federal de Felipe Calderón) en pago de asesoría financiera para adquirir más deuda pública y restructurar créditos.

El miércoles pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detener a Corral en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, en la Ciudad de México, lo cual evitó el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien acudió al lugar.

Desde entonces, la gobernadora Campos ha mantenido una agenda privada sin dar declaración alguna.

El secretario de Gobierno estatal, Santiago de la Peña, afirmó que Corral habla con lenguaje esquizofrénico, y le recordó que la causa penal en su contra fue iniciada por la Auditoría Superior del Estado y el auditor Héctor Acosta, cuyas atribuciones fueron propuesta del propio ex mandatario en 2018.

De acuerdo con los registros del Poder Judicial, para el ex mandatario se han violado sus derechos establecidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 189 y 20, de la Constitución.

El juzgado estableció el 27 de septiembre como fecha para la audiencia constitucional a partir de la cual anunciará si le otorga a Corral la suspensión que frenaría por tiempo indefinido el cumplimiento de la orden de aprehensión.