Miami. Roberto García cruzó la frontera desde México en 2009 en busca de una vida mejor. Durante los últimos ocho años ha estado casado con una estadunidense y tienen 3 hijos, ciudadanos estadunidenses. García es el único miembro de la familia que no lo es.

Hace siete años, presentó una solicitud para legalizar su estatus mediante un proceso que, aún si resulta aprobado, le exigiría volver a México sin ninguna garantía de que se le permita regresar a Estados Unidos.

La posibilidad de separarse de su familia o, en el peor de los casos, no poder volver a su casa en Los Ángeles, ha sido muy estresante. También lo ha sido la espera. Han pasado siete años, y García no ha conseguido una cita en el consulado estadunidense de Ciudad Juárez, México, al otro lado de la frontera.

Ahora, un programa del gobierno del presidente Joe Biden, que se pondrá en marcha el lunes, permitirá que algunos cónyuges de ciudadanos estadunidenses que no cuentan con un permiso legal para permanecer en el país legalicen su estatus sin salir del mismo. Esto da una nueva esperanza a García y a otras personas como él.

“Por fin hay una luz de que esto sea posible”, dijo García, de 37 años. “Me imagino pronto tener los papeles tan importantes que tanta gente quiere tener”

El nuevo programa ofrece una inusual oportunidad de borrar el miedo a la deportación y obtener algún día la ciudadanía. Pero una preocupación socava esa emoción: ¿Quién se beneficiará de lo que ha sido descrito como el conjunto de protecciones para los migrantes más amplio en Estados Unidos en más de una década? ¿El programa enfrentará impugnaciones jurídicas? Y lo más importante, ¿sobrevivirá a la elección presidencial?

Según la política que el presidente demócrata anunció en junio, muchos cónyuges sin estatus legal podrán solicitar algo llamado “permiso de permanencia temporal en el país”, que les permite quedarse en Estados Unidos, solicitar la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes, también conocida como green card y, finalmente, obtener una vía a la ciudadanía.

Para ser elegibles, las personas deben haber vivido continuamente en Estados Unidos durante al menos 10 años, no plantear una amenaza de seguridad o tener antecedentes penales que los descalifiquen, y estar casados con una persona con ciudadanía al 17 de junio como máximo, el día anterior al anuncio del programa. Deben pagar una cuota de 580 dólares para presentar su solicitud y llenar largo documento donde incluyan una explicación de por qué merecen el permiso humanitario y presentar una larga lista de documentos de apoyo que demuestren el tiempo que han pasado en el país.

Deben presentar su solicitud ante el Departamento de Seguridad Nacional y, si obtienen la aprobación, tienen tres años para solicitar la residencia permanente. En ese periodo, pueden obtener un permiso para trabajar.

El gobierno calcula que unas 500 mil personas podrían calificar para el programa, además de alrededor de 50 mil de sus hijos.

Antes de este programa, era muy complicado que las personas que estaban sin autorización en Estados Unidos obtuvieran la “green card” tras contraer matrimonio con una persona con ciudadanía estadounidense. Se les podía pedir que volvieran a su país de origen, a menudo durante años, y siempre enfrentaban el riesgo de que quizás no se les permitiera volver.

La noticia del programa de Biden desató una gran actividad en todo el país mientras las parejas verificaban si eran elegibles. Grupos defensores de inmigrantes se han puesto en contacto con las personas para ayudarlas a entender el programa y combatir la desinformación. Algunos de ellos emitieron anuncios de radio.

“Definitivamente, hay un gran interés, pero también muchas preocupaciones”, señaló Carolina Castaneda, abogada del Centro de Recursos Jurídicos para Inmigrantes de Central Valley, California.

Activistas y abogados señalaron que ellos y los solicitantes evalúan si hay un riesgo al presentar la solicitud, si el programa sobrevivirá a las posibles demandas de los republicanos, y lo que ocurrirá si el republicano Donald Trump, que ha prometido deportar a millones de inmigrantes, vuelve a la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre.

Han surgido muchas más dudas en comparación con la emoción con la que se recibió el lanzamiento del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protegía de la deportación a las personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, dijo Karla Aguayo, directora de servicios jurídicos de CHIRLA, la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes con sede en Los Ángeles.

Cuando se anunció el DACA en 2012, señaló, miles de personas se formaron afuera de las oficinas de la organización. Para el nuevo programa, sólo han acudido unas cuantas parejas.

Si bien DACA tenía un conjunto mucho mayor de posibles solicitantes, la comunidad inmigrante ha visto cómo estas políticas quedan estancadas en los tribunales, indicó Aguayo.

“Las personas dicen, ‘esto está bien, pero ¿cuánto durará?’”, dijo.

La organización ha publicado en internet información sobre el nuevo programa y ha organizado sesiones informativas y encuentros individuales con clientes. Las personas con posibilidades de calificar pueden volver el lunes para presentar su solicitud.

Las parejas elegibles se sienten emocionadas, afirmó, “y vienen con un enorme legajo de documentos que quieren que se revisen”.

Sin embargo, dijo, su grupo ha descubierto que la mayoría de las personas a las que atiende no calificarán. Una de las principales razones: muchas de ellas volvieron a su país de origen en un momento determinado, generalmente, en importantes sucesos de vida, como la muerte de un familiar, y su regreso los hace inelegibles.

Para María Zambrano, la posibilidad de que Trump gane la elección presidencial y ponga fin a la política se suma a la urgencia.

“Hay que reaccionar lo antes posible y presentar la solicitud lo antes posible”, dijo la residente de Bal Harbour, Florida, de 56 años.

Llegó a Estados Unidos proveniente de Colombia en 2001 y no ha vuelto a su país. Trabaja como tutora de español y tiene su propia empresa. Hace siete años, se casó con un ciudadano estadunidense y, como García, solicitó su estatus legal, pero aún tiene que entrevistarse en el consulado estadunidense en Colombia.

Ha esperado su cita por más de dos años. Ahora, tiene la oportunidad de evitar el arriesgado viaje para salir de Estados Unidos.

Los inmigrantes que, a diferencia de García y Zambrano, están ya en el radar del gobierno, podrían temer el riesgo de presentar su solicitud, especialmente si Trump vuelve a la presidencia. Su gobierno sabría quiénes son y dónde están, dijo Charles Kuck, abogado de inmigración con sede en Atlanta.

“¿Existe un riesgo relacionado con esto? Cien por ciento”, afirmó Kuck.

Este tipo de programa se debió haber puesto en marcha hace algunos años, no unos meses antes de una elección, afirmó Kuck. Aconseja a sus clientes que esperen a ver quién gana.

García y Zambrano ya piensan cómo esta oportunidad puede cambiar sus vidas.

García y su esposa, Maria, de 44 años, tienen una cita con su abogado de inmigración un día después de que el gobierno comience a aceptar solicitudes el lunes.

Maria, que sufrió un accidente hace un año y no puede trabajar, dijo: ” Mi mayor miedo es que (García) no pueda volver” si viaja a Ciudad Juárez.

Como el único proveedor de la familia que se encarga de cosas como llevar a los niños a la escuela, García dijo que no puede asumir ese riesgo, aún si finalmente obtiene una cita.

En cuanto a Zambrano, ella podrá viajar a casa para visitar a sus padres y hermanos. Puede obtener una licencia de conducir, un seguro de salud, una casa y, quizás algún día podrá votar.

García, que afirma haber pagado impuestos desde 2010 y estudia para obtener su licencia de contratista, también sueña con lo que podría hacer con una “green card”. Lo primero: viajar a México para ver a sus padres y sus 7 hermanos por primera vez en 15 años.

“Son muchos años de no verlos, de no hablar con ellos cara a cara. Trato de no pensar en eso”.