Guadalajara, Jal. El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), que junto al Colectivo de Abogados fue parte fundamental para evitar el desplazamiento de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en los Altos de Jalisco, debido a la construcción de la presa El Zapotillo, recordó que aún quedan por resolver muchos temas para hacer justicia a los casi 16 años de incertidumbre que vivieron los ciudadanos bajo la amenaza de inundación.

 

En el marco de la inauguración de la presa El Zapotillo este sábado, el IMDEC emitió un comunicado en el que pide dejar constancia histórica que el gobernador Enrique Alfaro -quien fue abucheado durante el acto en la plaza de Temacapulín- estuvo a favor de la inundación de las comunidades, de enviar agua de la presa a Guanajuato y se opuso a la propuesta técnica de los pueblos para que la presa no fuera un riesgo en caso de llenarse de agua del río Verde.

 

“No podemos olvidar que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el 10 de octubre de 2021 en Temacapulín cuestionó, rechazó y despreció la propuesta de reacondicionamiento técnico presentada por las comunidades, acusándolos de carecer de fundamentos técnicos y ahora la presume como su gran logro, que, además, traerá en su imaginario agua por 50 años para Guadalajara”, dice el documento, en el cual se encomia la resistencia de los pobladores desde 2005 que se anunció el proyecto.

 

También señala que es importante para la historia recordar que la propuesta de reacondicionamiento técnico del vertedor físico y altura actual de la cortina a 40 metros fue planteada por las comunidades, con el acompañamiento de sus asesores y especialistas nacionales e internacionales, como contrapropuesta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

 

Recordaron también que la resistencia de los pobladores durante años demandó la cancelación del megaproyecto y que los gobiernos de Guanajuato y Jalisco (incluido el actual) en conjunto con la Conagua, lo impusieron, a pesar de los daños que ocasionaría y de sus altos costos sociales, económicos y ambientales, demostrados en tribunales y en instancias estatales, nacionales e internacionales de derechos humanos.

 

Se planteó que frente a la inauguración de la presa hay demandas pendientes como saber a quién se entregará el agua del embalse, si a las empresas inmobiliarias que han mantenido un auge bajo el gobierno de Alfaro, también saber cuándo se modificará “el modelo obsoleto de gestión y administración del agua en Jalisco”, cuándo se saneará y transformará de verdad la Conagua, si este organismo federal prohibirá la construcción de presas en el país y saber por qué en este sexenio no se aprobó la nueva Ley General del Agua.

 

El gobernador Alfaro, en un claro intento de reconciliación tras su intención de inicios de su sexenio para repartir el agua de la presa también a Guanajuato sin importar la inundación de las tres comunidades, firmó el viernes la promulgación del decreto de la iniciativa que presentó al Congreso estatal para desincorporar del dominio público 73 bienes inmuebles y así dar cumplimiento al Plan de justicia para los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

 

Durante el acto de este sábado, Alfaro entregó la desincorporación de esos inmuebles para que a su vez sean entregados a los pobladores de Temacapulín que resistieron el embate de tres gobiernos federales y estatales para desplazarlos de su territorio.